La crisis económica y la transición de los ciclos de Formación Profesional a los nuevos títulos han frenado en los últimos cuatro años su adaptación al tejido productivo y el mercado laboral de la Comunidad Autónoma. Además, su expansión ha sido tímida en el periodo de aplicación del II Plan Regional de Formación Profesional (2007-2010), que será sustituido por un tercero, que se negociará en breve, y que recoge que el tránsito a la universidad de los alumnos de los grados superiores de FP es "residual".

Así se desprende de un informe elaborado por Comisiones Obreras en el que sostiene que continúa siendo "clave" trabajar en la adaptación de la oferta de la FP reglada, tanto por la vía de introducir ciclos nuevos, completando la oferta de las diferentes familias profesionales, como también por el desarrollo de una oferta modular y de formación para el empleo que diversifique, flexibilice y enriquezca la existente.

Así, en los cuatro años de aplicación del segundo plan sólo se contabiliza un centro nuevo –privado concentrado- y 27 nuevos ciclos, que alcanzaron al finalizar el curso 2009-2010 los 900 -620 en centros públicos, 202 en privados concertados y 78 en no concertados-. Además, el alumnado de esta formación creció en el periodo de desarrollo de este programa de acción, que desarrolla Junta de Castilla y León, un 6,86 por ciento al pasar de 26.897 hasta los 28.744.

El sindicato tampoco detecta en su análisis avances significativos en el desarrollo de la FP a distancia, ya que la FP inicial sigue siendo en la Comunidad "limitadísima" en número de plazas y especialidades. Como ejemplo, explican que estas especialidades eran en el curso 2006-2007 las mismas que en el curso 2009-2010 (Gestión Administrativa, Gestión Comercial y Marketing y Educación Infantil), cuando contó con 1.535 alumnos.

Acreditación profesional

En cuanto al proceso de acreditación de la competencia profesional, Castilla y León todavía no ha desarrollado la normativa estatal, publicada en agosto de 2009, pese a que ya ha expirado el plazo que el decreto estatal daba a las comunidades autónomas para ello. En los próximos meses, no obstante, va a desarrollarse una primera experiencia de este proceso en el marco de una convocatoria del Estado, dirigida a los sectores de la dependencia y la educación infantil.

Aunque esta convocatoria será estatal, su gestión corresponderá a las comunidades autónomas, lo que permitirá a la Junta conocer cómo funciona el dispositivo que tendrá que poner en marcha. Así, a partir de esta experiencia, abordará el diseño de un sistema y su implantación.

También, para el sindicato, no se han producido avances "significativos" en el desarrollo del Sistema de Cualificaciones en Castilla y León entre 2007 y 2010, más allá de las acciones de investigación y estudios de necesidades formativas de sectores. CCOO considera que el impacto de estas actividades ha sido, en general, bastante "modesto, escasamente articulado y poco aprovechado" para apoyar las políticas públicas de FP y formación para el empleo. Aunque el Ejecutivo puso en marcha el Centro de las Cualificaciones de Castilla y León, la organización sindical manifiesta su preocupación la "dependencia inicialmente exclusiva", que tiene de la Consejería de Educación, lo que en su opinión puede dificultar los procesos de acreditación de la experiencia o de expedición de acreditaciones parciales de los certificados de profesionalidad, materias donde prevalece la competencia del Servicio Público de Empleo.

Respecto al desarrollo de los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) y la sustitución por ellos de los antiguos planes de Garantía Social, el sindicato reconoce que se han ido produciendo en estos años, "sin consenso ni negociación alguna con las organizaciones sindicales en su diseño y configuración, y no en el grado que demanda el volumen actual de fracaso escolar".

Centros integrados

Por otra parte, el estudio de CCOO indica que el futuro de los centros integrados pasa por "ir depurando y reordenando" su oferta, así como por especializarla en una o dos familias profesionales para poder contar con medios suficientes y ofertar el mayor número posible de ciclos. Por ello, pide a la Junta una normativa de desarrollo de los centros integrados, que permita vislumbrar qué nuevo concepto de gestión quiere la administración autonómica para estos centros.

CCOO asegura que continúa a la espera de que se publique el decreto básico sobre esta materia, que lleva más de año y medio con su contenido cerrado. Sin embargo, lamenta que toda la regulación que pudiera definir el modelo de centro quedó aplazada para las órdenes de desarrollo que tendrán que elaborar las consejerías de Educación y Economía y Empleo.

Aunque la ADE pretende incorporar los centros integrados a proyectos de I+D+i, el informe recoge que no ha avanzado lo suficiente para cumplir los objetivos que se planteaba el plan. Indica que se ha realizado una consultoría en al menos siete centros integrados para analizar qué líneas de innovación tecnológica podría desarrollar cada uno, qué profesorado podría estar interesado y qué infraestructuras serían necesarias o estarían disponibles.

Orientación

Respecto a la orientación, para CCOO la educativa y la laboral siguen teniendo cada una su "propio camino", aunque el sindicato reconoce el refuerzo económico del programa mixto de orientación, formación e inserción (OFI), al que se destinaron buena parte de los fondos del desaparecido programa de Formación Ocupacional de la Junta –FOP-. También destaca la apertura de los servicios de orientación a nuevos colectivos, como los trabajadores ocupados (Programa OTO, en el marco del Plan Regional de Empleo), si bien se sigue tratando de una iniciativa "muy limitada", cualitativa y cuantitativamente, y sujeta a convocatorias anuales.

Finalmente, remarca el incremento de manera importante del número de orientadores de las oficinas de empleo, lo que ha permitido a la Junta –según CCOO- afrontar líneas de ayuda a desempleados, como los Itinerarios Activos de Empleo, con mayores garantías y medios.