El diputado de Izquierda Unida en la provincia de Zamora, Francisco Molina, ha declarado que la aprobación definitiva del el anteproyecto de Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de la Comunidad de Castilla y León supone una «pérdida de poderío de las Diputaciones, aunque se diga lo contrario». Para Molina, «privarle al ente dirigido por Fernando Martínez Maíllo de esas competencias, aún siendo lógico, pues son competencias impropias de ella, supondrá una disminución en su poderío y una merma en sus presupuestos, pues en buena lógica, la Junta, que financia en gran medida a la Diputación, en cuanto adelgace las competencias de ésta, le va a reducir la financiación, es decir, el presupuesto», explica.
Según comenta el diputado, actualmente de la Diputación dependen 90 enfermos psíquicos y «aunque estén dispersos, se puede entender que todos forman parte de un mismo sanatorio virtual competencia de la administración de Maíllo que actualmente cuesta 2.200.000 euros anuales», explica. Cantidad, no obstante, en descenso debido a los fallecimientos, bajas y traslados. De esta forma, Molina entiende que la supresión de estas competencias equivaldría a una bajada de cinco millones de euros en los presupuestos y, por lo tanto, pérdida de poder económico. «Cosa no ilógica, pues lo del PP es decir lo opuesto a la realidad, o sea, mentir», sentencia el diputado.
