El alcalde de Montamarta, Rogelio Conde, dice poseer una «cantidad ingente de pruebas documentales y con soporte informático» que demuestran las «faltas muy graves» en las que se habría basado para proceder a la destitución y apertura de un expediente al secretario del Ayuntamiento, Alfredo Prieto.
Después de varios días sin querer realizar ninguna manifestación al respecto, «a fin de no causar indefensión en el inculpado», finalmente el regidor emitió ayer un comunicado en el que aclara que la decisión «ha sido adoptada tras venir asistiendo durante años a la dejación de funciones, al abandono del servicio y al ejercicio de una manifiesta incompatibilidad de puestos de trabajo por parte del mencionado funcionario».
Según Rogelio Conde la medida, «muy dolorosa», tiene «como fin exclusivo velar por los intereses del municipio, que se ha visto perjudicado en numerosas ocasiones a causa de estas negligencias». Y subraya que la medida ha sido «muy meditada» y que «bajo ningún concepto corresponde a un conflicto de índole personal».
Aclara el alcalde de Montamarta que el detonante de la destitución ha sido la no presentación de la Cuenta General de 2011, «aunque curiosamente sí ha presentado la correspondiente a la Mancomunidad de Tierra del Pan en la que también presta servicio como secretario». A lo que hay que sumar que tampoco ha presentado las Bases del Presupuesto para 2013 y el techo de gasto, «todo lo cual supone un grave contratiempo para el Ayuntamiento».
El alcalde de Montamarta considera que la acusación contra él por parte del secretario de presuntas irregularidades en la tramitación de la segunda fase de la residencia de la tercera edad es un «intento de lanzar una cortina de humo sobre el verdadero meollo de este asunto, que son las faltas muy graves que ha cometido en el desarrollo de sus funciones».
Entre los «ejemplos muy graves» que cita el alcalde figura el «haber dejado perder las ayudas correspondientes a los últimos Planes Provinciales por negligencia premeditada y voluntaria al negarse a subsanar un error». O la pérdida de ayudas como la de Educación de Adultos o enviar «en numerosas ocasiones documentos firmados por él sin el conocimiento previo del alcalde».
Según Rogelio Conde, mientras todo esto ha ocurrido, «el funcionario se ha dedicado a atender asuntos particulares y de la Mancomunidad de Tierra del Pan durante el horario de trabajo en el que debía desempeñar sus funciones como secretario del Ayuntamiento de Montamarta». Todo ello -el alcalde dice poder demostrar en «un número incontable de documentos originales y con soporte informático»- utilizando «las instalaciones y los medios informáticos y telefónicos del Consistorio».
El alcalde denuncia además que en horario de servicio, el secretario destituido se ha dedicado «en infinidad de ocasiones a escribir cartas destinadas a la gestión de un negocio particular en Gambia y otras de índole privado». Hace referencia expresamente a la que destina a una persona «a la que textualmente dice lo siguiente: "Y de momento, nada más. Perdona que te haya escrito con el ordenador. Ahora mismo estoy en el trabajo».
Rogelio Conde revela también una carta dirigida al director de la Prisión de Topas, «en la que le comunica su imposibilidad de entablar conversación telefónica con un preso, le dice textualmente que lo estuvo intentando "durante toda la mañana del 16 de marzo", un periodo de tiempo que debería estar dedicando a la gestión municipal».
Contra el decreto de la Alcaldía que le cesaba en sus funciones, el secretario del Ayuntamiento presentó una demanda en el Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de Zamora que dictó un auto acordando la reincorporación de Alfredo Prieto a su puesto hasta la celebración del juicio, previsto para el próximo mes de octubre. El pasado jueves, el funcionario expedientado volvía así a su despacho en el Consistorio de Montamarta.
El alcalde de Montamarta incide especialmente en la «incompatibilidad» en la que estaría incurriendo Alfredo Prieto «al ejercer al mismo tiempo como secretario del Ayuntamiento de Montamarta y de la Mancomunidad de Tierra del Pan, lo que lleva a cabo con la permisibilidad de la Junta de Castilla y León y con el consentimiento de los responsables del órgano mancomunado, lo cual consideramos que constituye una falta muy grave que desde la Alcaldía hemos denunciado en numerosas ocasiones en los plenos de la propia Mancomunidad y ante la Consejería de Presidencia».
La Alcaldía dispone de «numerosas pruebas» como «el gran volumen de documentos originales que se encontraban en su despacho en el Ayuntamiento, relativos a su gestión en la Mancomunidad tales como convocatorias de los plenos, avales, rendiciones de cuentas, documentos contables, documentos de pago y un largo etcétera». Todo ello para demostrar que (el inculpado) "utilizaba su espacio en las dependencias municipales como despacho para ejercer este servicio», hasta el punto de despachar con los distintos presidente. «Y existen pruebas de haber recibido a través del fax y del correo electrónico del Ayuntamiento comunicados y escritos de los distintos ayuntamientos que conforman la Mancomunidad».
Rogelio Conde aclara que si ha hecho públicos todos estos hechos ha sido por las «acusaciones» vertidas en el recurso presentado por Alfredo Prieto ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, y por la «intranquilidad» que han generado en el pueblo todos estos acontecimientos.
