La Junta se defiende ante el Comité Europeo de Derechos Sociales: “Los sindicatos solo pretenden la obtención de subvenciones”

La Consejería de Industria, Comercio y Empleo sentencia que la reclamación presentada por CC OO y UGT ante el Comité Europeo de Derechos Sociales “no tiene por finalidad la evaluación de las políticas públicas consensuadas en el marco del Diálogo Social”, sino “la obtención de subvenciones para sus propias organizaciones”. “Este no es el espíritu del Diálogo Social reflejado en su ley de creación en el que el papel que juegan los sindicatos es el de representar a los trabajadores y no a sus propias organizaciones e intereses”, afirman en un informe al que tuvo acceso Ical, que prepara su defensa ante la admisión a trámite de la demanda sindical.

“El Diálogo Social no es un medio para la obtención de subvenciones por parte de los sindicatos con las que financien sus estructuras, sino que su única finalidad es financiar los servicios que se prestan a los ciudadanos buscando mejorar su calidad de vida”, argumenta.

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La Consejería de Industria, Comercio y Empleo expone que el objeto del Diálogo Social no puede estar condicionado al objetivo que tienen los sindicatos que “consiste en la recuperación de las subvenciones que venían percibiendo en la legislatura anterior porque no existe aquí un interés general de desarrollo económico y social en pro de los trabajadores, sino un interés espurio consistente en no perder la cuantiosa financiación que estos sindicatos reciben por ejecutar una parte de las políticas públicas que se encuadran en el marco del Diálogo Social”.

Carácter político, no jurídico

El documento de los servicios jurídicos suscrito por el consejero Mariano Veganzones también constata que los acuerdos que se han alcanzado en el marco del Diálogo Social “son de carácter político, no jurídico”. “Su naturaleza no es vinculante” por lo que son “meros compromisos de conducta”. Asevera que el Consejo del Diálogo Social es un "órgano institucional de encuentro" por lo que sus acuerdos tendrían una naturaleza “estrictamente política, no jurídica, cuyo cumplimiento jurisdiccional no podría exigirse en su parte discrecional”.

El informe jurídico del departamento del consejero Veganzones para defenderse ante los ataques sindicales en Europa asegura que la ley define la negociación y concertación del Diálogo Social como un proceso de carácter “tripartito”, ya que “han de participar en él no solo las organizaciones sindicales más representativas sino también las empresariales y la Junta de Castilla y León”. En este sentido, defiende que la Junta apuesta por un Diálogo Social “eficaz y eficiente y con un coste adecuado y una participación que no produzca conflicto de intereses y sea respetuosa con el papel del resto de actores de la sociedad civil”. “No puede hablarse de incumplimiento del Diálogo Social”, remarca el texto conocido por Ical.

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El texto incide además en que existen organizaciones con más amplia representación sectorial que los propios miembros del Diálogo Social y que “están sistemáticamente excluidas de ese proceso de negociación y concertación” cuando el Tribunal Supremo indica en una sentencia que tanto UGT, CC OO y la patrona son organizaciones representativas, pero no son los únicos interlocutores y “la atribución de posición única carece de justificación”.

“Cajón de sastre”

El informe constata que según las orientaciones del Tribunal Constitucional se deben excluir del Diálogo Social aquellos asuntos de interés específico de las organizaciones que lo conforman y en la comunidad se ha ido ampliando y acumulando materias, y se ha convertido en un “cajón de sastre” incluyendo asuntos de toda índole “en los que el interés de los sindicatos participantes es obtener su propia financiación, más allá del contenido que se trate en los mismos”.

“Las organizaciones reclamantes no señalan en su escrito de reclamación que una parte de las políticas públicas que se contemplan en los mencionados acuerdos son ejecutadas por ellos mismos para lo que reciben cuantiosas subvenciones”, resume.

El escrito también acusa a los sindicatos de incumplimientos del Diálogo Social y de efectuar reclamaciones “selectivas”, ya que, incide, omiten los incumplimientos del Gobierno de España en materias como el SMI, la Ley General de la Seguridad Social, el Estatuto del Becario, la Jornada Laboral o la Negociación Colectiva. Critica las reclamaciones “selectivas” de los sindicatos y se pregunta si su falta de crítica al Gobierno de España responde a los cerca de 34 millones de euros que han recibido de la Administración central en los últimos dos años.