Las dos Unidades de Gestión Micológica de la provincia de Zamora "Aliste, Tábara y Alba" integradas en el antiguo "Myasrc", ahora "Micocyl", han acordado como principal novedad para la presente campaña 2014 (1 de agosto)-2015 (31 de julio) la reducción de tarifas originales en los permisos a expedir para los denominados recolectores "vinculados": personas empadronadas en un municipio no adherido al proyecto pero que mantiene algún vinculo directo con algún pueblo regulado.
En tierras zamoranas la regulación vía Micocyl afecta actualmente a 46 pueblos de 14 municipios que juntos abarcan una superficie regulada de 28.000 hectáreas de superficie forestal, en concreto Montes de Utilidad Pública. En Aliste abandonaron dos municipios, Figueruela de Arriba y Mahíde con 12 localidades y se incorporaba con 4 pueblos Alcañices.
En las dos primeras temporadas micológicas la Unidad de Gestión de Sanabria y la Carballeda (Porto, Asturianos, Espadañedo, Manzanal de los Infantes, San Pedro de Ceque y Santibáñez de Vidriales) instauró un precio para el permiso "vinculado comercial" de 400 euros. Por su parte Aliste, Tábara y Alba (Alcañices, Rábano, Trabazos, Viñas, San Vitero, San Vicente de la Cabeza, Ferreruela, Riofrío y Tábara) lo fijaron en 300 euros. Hubo quejas de los interesados y finalmente el precio se reduce drásticamente a solamente 50 euros en ambas Unidades de Gestión.
En ambas zonas se mantiene el permiso "vinculado recreativo" que hasta ahora costaba 30 euros y se ha bajado ligeramente a 25.
Donde más diferencia existe en cuanto a las tarifas es las de recolector "foráneo", no empadronados, de temporada, para el que sólo se extiende un permiso, de carácter comercial, -no existe el de tipo recreativo-, con un precio de 700 euros en tierras alistanas y de 400 en las sanabresas.
En el caso concreto de Aliste otra novedad este año está en ofrecer un 50% de descuento en la compra del permiso foráneo de fin de semana, recreativo, a todas aquellas personas que degusten un menú micológico o pernocten en un establecimiento rural, favoreciendo así el micoturismo en la Raya.
La regulación ha conseguido uno de sus objetivos: evitar la recogida por bandas ilegales y por grupos organizados. Por contra, ha asentado un golpe mortal a los recolectores foráneos que recogían setas como ayuda para su sufridas economías familiares. El que hizo la ley hizo la trampa y ahora ha surgido un nuevo problema, el que las personas se empadronen en alguno de los municipios para obtener el permiso y una vez conseguido se dan de baja. El ahorro de la maniobra es notorio: 685 euros: de 700 a solo 15. La misma picaresca se da ya en los municipios con regulación directa, con lo cual ya se estudia cambiar las normativas y exigir como mínimo un año de antigüedad en dichos empadronamientos y que sean estables.
