"Hay que subir salarios, contener precios y reducir los beneficios empresariales"

Incierto escenario al que se enfrentan los sindicatos españoles en este año 2023. La llegada del nuevo ejercicio ha traído consigo el primer desplante de la patronal, que ni tan siquiera se ha sentado para pactar la subida del Salario Mínimo Interprofesional. La negociación colectiva sigue bloqueada por parte de CEOE y el Gobierno tampoco ofrece facilidades en la reforma de las pensiones. Son varios los frentes abiertos. Y, para el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, la receta casi siempre es la misma: acuerdo o conflicto. Lo explica en esta entrevista realizada esta misma semana en Zamora, donde aterrizó para celebrar un encuentro con delegados.

–Las empresas del sector servicios están repercutiendo los costes internacionales a los productos de consumo, los bancos presentan beneficios de récord mientras los tipos no dejan de subir y las eléctricas mantienen amplios márgenes al tiempo que los recibos se encarecen. Y, en mitad de esto, la patronal no se sienta para subir hasta 1.080 euros el Salario Mínimo Interprofesional. ¿Qué razones hay para mantener la paz social?

–Nosotros no estamos manteniendo la paz social en el sentido de que, desde que se bloqueó la negociación salarial de ámbito estatal que teníamos con CEOE, hemos impulsado un escenario que hemos denominado “salario o conflicto” a través de los cientos de convenios que se negocian en España. Otra cosa es que la movilización en estos convenios se dará siempre y cuando las plantillas se quieran movilizar. Pero, el análisis que desde Comisiones Obreras hemos hecho desde hace prácticamente un año, desde que se inició la invasión de Ucrania y vimos cómo evolucionaban los precios, es que podía ocurrir lo que está ocurriendo. Es decir, que ese incremento de los costes de la energía, de las materias primas y de los alimentos, las empresas lo están repercutiendo en precios al consumo. Esto ha disparado la inflación hasta el verano del año 2022 y cuando esos costes se han disminuido o moderado, los precios no han bajado de la misma manera. Esto quiere decir que las empresas están manteniendo importantes excedentes y, a la vez que mejoran sus beneficios, están apostando por un bloqueo salarial.

–¿Y qué plantean hacer?

–Caben dos opciones. Una es recuperar el acuerdo general de convenios intentando superar la devaluación de los salarios y la otra es incidir en la estrategia del conflicto. Y, en este momento, tenemos que incidir en la estrategia de conflicto porque no hay visos de llegar a un acuerdo con CEOE. El conjunto de los sectores de la economía española está ofreciendo unos resultados y beneficios por cada unidad producida en los niveles más altos desde el año 2014. Y una parte de esos beneficios se tienen que trasladar a los salarios.

–Una vía, la de la movilización, que demuestra resultados cuando se aplica, pero que se aplica poco.

–En la situación de la negociación colectiva, donde haya voluntad y organización de los trabajadores con los sindicatos se pueden dar escenarios de movilización. Pero, donde los trabajadores están desorganizados y dispersos, la movilización es mucho más complicada. No será voluntad de Comisiones Obreras evitar esos escenarios de movilización siempre y cuando no haya acuerdos justos y se sepa que la movilización tiene como objetivo llegar a ellos.

Ante el bloqueo de la patronal caben dos opciones: un acuerdo general de convenios o la movilización y el conflicto

–Esta nueva crisis económica que sufren los trabajadores justificada por la guerra de Ucrania ha abierto todavía más la brecha entre ricos y pobres. ¿Piensa como la ministra Belarra que el capitalismo está mostrando su cara más despiadada?

–Yo no sé si hay un capitalismo que tenga piedad. El capitalismo fundamentalmente es un sistema que prioriza la obtención de los máximos beneficios empresariales a costa de casi todo. Sea a través de las condiciones de trabajo de la clase trabajadora, sea mediante el deterioro del medio ambiente, sea a través de la apropiación de recursos públicos. El capitalismo, básicamente, es un sistema depredador. Es verdad que, a través de los estados de derecho, se ha limitado durante muchas décadas la capacidad depredadora del capitalismo y por eso tenemos una sanidad pública, unas pensiones públicas y una enseñanza pública que hay que defender con uñas y dientes. Pero, en un sistema capitalista como el que tenemos, en el modelo neoliberal o el posneoliberal que estamos viviendo ahora, creo que la regulación de las relaciones económicas, y el sindicalismo al final no es más que un elemento para regular las relaciones económicas, es absolutamente determinante. Porque si no, en efecto, el capitalismo depreda y acaba con derechos laborales, con derechos sociales y con la vida.

–Ha lanzado usted recientemente la propuesta de vincular los salarios a la marcha económica de las empresas, algo que ya se hacía cuando las cosas iban mal, pero rara vez cuando se generaban beneficios. ¿Qué respuestas está obteniendo?

–Es interesante porque es una propuesta que, en teoría, da recorrido a lo que las patronales siempre han dicho que hay que hacer. Las patronales, normalmente, suelen decir: “No se pueden negociar las subidas salariales en torno al IPC porque la realidad de las empresas es muy distinta y hay que ligar la evolución de los salarios a la productividad y a la marcha real de las empresas y de los sectores”. Y cuando les hemos cogido la palabra y les hemos dicho que negociáramos las revisiones salariales en base a esos criterios que ellos dicen, pero haciéndolo con un indicador público que diga objetivamente cómo son los resultados de las empresas, de repente el entusiasmo desaparece. Es curioso.

–¿Piensa que se van a oponer?

–Va a tener que dar muchas explicaciones CEOE para oponerse a esa medida. Es muy difícil decir que no. Lo que ocurre es que, en mi opinión, los empresarios históricamente han dicho eso siempre y cuando la marcha de los sectores la determinaran ellos. Yo pongo el ejemplo de los viejos clérigos que daban misa y decían cuáles eran los mandamientos en latín cuando nadie entendía latín. Oiga, no, pásese usted al castellano. Vamos a ver los datos de los que hoy en día dispone la Agencia Tributaria, que dispone de todos los datos de facturación de todas las empresas de España. Vamos a cotejarlos con los resultados de lo que pagan las empresas a través de la Seguridad Social y vamos a hacer un indicador que nos diga exactamente cuál es la marcha económica real de cada uno de los sectores que están en cada uno de los convenios colectivos que existen en España. Y, sobre ese dato, vamos a decidir cómo repercutimos los incrementos salariales para ver si se vinculan a la inflación o hay que dejar un poco más de margen en los sectores que no van bien. Estamos dispuestos a abordar eso. La pregunta es: ¿Lo va a hacer la CEOE? ¿Va a dejar de hablar en latín para que sea un dato público el que diga cómo van las empresas?

El capitalismo es un sistema depredador por definición; no sé si hay algún tipo de capitalismo que no sea despiadado

–¿Hay ahora margen en los sectores para un incremento general de los salarios?

–Sí. Los datos son públicos y dicen que los excedentes empresariales por unidad producida están en un 10,4%. Son los mejores beneficios en términos relativos desde el año 2014. Y dicen también que hay sectores donde esos beneficios son escandalosos. Por lo tanto, si de media hay un retorno del 10,4% respecto a lo que producen, no tiene ningún sentido que los salarios no mejoren en mucha más intensidad de lo que lo vienen haciendo hasta ahora. Además, entendemos que los salarios tienen que subir, pero esas subidas no tienen que repercutirse a los precios para generar una inflación de segunda ronda. Se tienen que repercutir a los beneficios empresariales. O, dicho en plata, hay que subir salarios, contener precios y reducir temporalmente los beneficios empresariales. Eso es perfectamente posible en este momento y depende de la voluntad de las partes.

–La patronal siempre está en la picota, pero las administraciones juegan también su papel en la precariedad laboral, especialmente en materia de subcontratación de servicios. Muestra de ello es que la subida del SMI afecta de manera directa a sectores como el de la ayuda a domicilio, con sueldos exiguos mientras las instituciones se lavan las manos. ¿Cómo ponerle coto?

–Nosotros hemos propuesto eliminar o modificar las dos leyes que en su día hizo el Partido Popular en 2015 y 2017 que impiden que las mejoras de los salarios que se pactan en los convenios colectivos de estas actividades sirvan para mejorar los contratos que hacen las administraciones públicas con las empresas. Aquí hay un sistema perverso de subcontratación de las administraciones públicas. Licitan servicios muy delicados, como por ejemplo este de la ayuda domiciliaria, a precios muy bajos. Las empresas concurren tirando aún más los precios, prácticamente sin poder pagar el Salario Mínimo. A veces, llamamos empresas a cosas que son tratantes de mano de obra. Les conceden el servicio en condiciones penosas, trabajo a tiempo parcial, condiciones de precariedad salarial extrema y luego las administraciones se lavan las manos. Y cuando hay un conflicto colectivo dicen que eso es una relación entre los trabajadores y la empresa. Oiga, si el que ha subcontratado a un precio ridículo es usted. La empresa se ampara en que no tiene márgenes y la administración en que es responsabilidad de la empresa. Y quienes pagan son las trabajadoras y los usuarios.

–¿Y qué se puede hacer?

–Lo que hay que hacer es romper esa dinámica perversa. Cuando se externalicen servicios de la administración, algo que ya de por sí sería muy discutible, se tiene que hacer en unas condiciones económicas medianamente solventes para pagar sueldos dignos que permitan realizar un trabajo de calidad y ofrecer un servicio al usuario también de calidad, aunque lo oferte una empresa privada. Hay que romper ese círculo vicioso que lleva muchos años instalado y al que todas las administraciones se han apuntado porque es una forma de ahorrar costes.

La reducción de la jornada es algo más complejo que plantear trabajar solo cuatro días, pero es irrenunciable

–¿En qué punto se encuentra la negociación colectiva en este inicio de año?

–Lleva parada prácticamente desde el mes de mayo, aunque hemos mantenido alguna reunión informal con CEOE. También hemos hablado con la Unión General de los Trabajadores para concretar la propuesta sindical y va a ser cuestión de pocos días que la hagamos abiertamente patente para intentar recuperar ese acuerdo de negociación colectiva. Creo que hay que pactar unas subidas salariales de inicio para el año 2022, que estaba pendiente, y para el 2023 y 2024. Subidas que pueden situarse entre el 2,5 y el 4. Y luego, cláusulas de revisión salarial para que al final de cada año se garantice que se recupera el poder adquisitivo de los salarios.

–La pandemia ha cambiado el paradigma del teletrabajo, pero sigue sin establecerse una regulación clara que vincule a empresas y trabajadores. ¿Debe ser esta posibilidad un derecho?

–Lo que ocurre es que el teletrabajo se impuso prácticamente como una medida de economía de guerra cuando se produjo el confinamiento. Esto se reguló de forma muy rápida y de tal manera que los costes derivados del teletrabajo los tiene que asumir la empresa. Y desincentivó a algunas empresas que habían encontrado aquí un filón. Si me ahorro un local porque el trabajador está en casa, él se paga el ordenador y también se paga los costes, yo me desprendo de responsabilidades. Desde el momento en que la ley dijo que no podía ser así, la situación se ha recompuesto. A mí, el teletrabajo, sobre todo el mixto, me parece un sistema que tiene muchas potencialidades. Creo que el teletrabajo en exclusiva tiene sus pegas, porque el contacto entre las personas es importante. Pero esto se tiene que resolver en el marco de cada empresa, no de forma general.

–¿Cómo ve el escenario para plantear una reducción de la jornada laboral?

–Es más complejo que la propuesta de reducir la jornada a cuatro días que se planteó en el ámbito político. La reducción de la jornada laboral es un objetivo sindical irrenunciable porque es una forma más de disputar las mejoras de la productividad. Las empresas son cada vez más productivas y se trata de que esto repercuta en la mejora de las condiciones laborales. A veces, mediante el salario y, otras, mediante la reducción de jornada, que en la práctica es mejora del salario real, pero dando más tiempo para la vida personal. El cómo se materializa ese objetivo dependerá de cada sector y cada empresa. A mí, la jornada de cuatro días me gusta, creo que tiene beneficios para el trabajador y para la sociedad, pero no es transportable a todos los sectores.

–Será vital en ese escenario garantizar el derecho a la desconexión.

–Tan importante como la reducción de trabajo es determinar cómo se distribuye la jornada de trabajo. Tú puedes tener una jornada de 35 horas semanales, pero si tienes que estar todo el día pendiente de un aparato digital, en la práctica el trabajo ha colonizado tu vida personal. Y con esto hay que ser muy cuidadoso. Hay que ver cómo se establecen los horarios, los turnos, la entrada, la desconexión digital, la salida del puesto de trabajo. Hoy en día, la organización del tiempo de trabajo es tan importante como el volumen total de jornada laboral.

–Nada se ha vuelto a saber de la reforma de las pensiones. ¿Ha hablado con el Gobierno?

–La situación es que hay una paralización de la negociación desde finales de año. En el mes de enero no ha habido ninguna reunión oficial y pocas conversaciones extraoficiales. Y lo que tenemos, en primer lugar, es la vigencia de una reforma de pensiones muy importante, que tiene ya más de un año y que ha permitido revalorizar las pensiones al 8,5%. Luego, tenemos una segunda fase en la que estamos negociando medidas que van destinadas a mejorar la estructura de ingresos de la Seguridad Social: el destope de bases máximas, la elevación de las pensiones mínimas, el SMI que también influye en las cotizaciones sociales... Es un paquete de medidas que, en general, compartimos, que no están cerradas y donde hay un elemento de distorsión que es el incremento del periodo de cálculo de la base reguladora de la pensión. Desde el sindicato pensamos que no es necesario abordar esa medida, que no hay consenso político para sacarla adelante y que, si lo hubiera, tendríamos que hablar de ella porque en nuestra opinión se trata de mejorar el acceso a la pensión de las personas que tienen carreras discontinuas. Personas que en la última fase de su vida han perdido el empleo, tienen difícil volver a encontrarlo y si lo encuentran es con sueldos muy inferiores. Por lo tanto, el hecho de que se les calcule la base reguladora más para atrás igual hasta les beneficia. Hay que buscar un esquema equilibrado.

La gente se hipoteca de forma exagerada porque los precios son un despropósito; el sistema financiero sí que es un lobby

–El pasado lunes pedía al Gobierno medidas contundentes, dentro de la legalidad, para controlar la subida de las hipotecas. ¿Cuáles?

–El problema de las hipotecas es el problema de la vivienda. En España, la gente se hipoteca de una forma exagerada porque los precios de la vivienda y del alquiler son un despropósito. Por lo tanto, necesitamos una política de vivienda destinada a reducir drásticamente el precio para tener una vivienda digna. Y esto pasa por fomentar un gran parque de vivienda pública en régimen de alquiler y por tomar medidas para topar los precios de los alquileres, especialmente en las zonas tensionadas. El Gobierno tiene que ser mucho más valiente de lo que está siendo en este terreno, porque esto será al final lo que repercuta en una decisión de hipotecarse o no de por vida que toman millones de personas en España. A partir de ahí, como el mal viene de atrás y hay mucha gente que está hipotecada, lo que hay que hacer sobre todo es fomentar que de verdad haya competencia en el sistema financiero español. Se trata de un sistema que se da en régimen de oligopolio y donde las personas que se hipotecan no tienen la opción real de ir a un mercado que compita tirando a la baja los precios de las hipotecas. Hasta que no se favorezca una competencia real en el sistema financiero que permita reducir drásticamente el precio de las hipotecas, yo creo que lo que se puede hacer es poner parches. Pero estamos hablando de políticas muy delicadas, que tocan intereses económicos muy fuertes, porque esto sí que es un lobby, y donde los gobiernos no se atreven a entrar.

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