La huelga del 80% de los letrados de Justicia obliga a suspender 50 juicios en Zamora
La actividad de los 17 órganos de Zamora y de la Audiencia se paralizó durante 48 horas
El seguimiento de la huelga general convocada por los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) secundada por el 80% de estos funcionarios en Zamora ha obligado a los 17 juzgados de la capital y de la provincia y a la Audiencia Provincial a suspender 50 juicios en las 48 horas de paro, así como una treintena de actuaciones, declaraciones y todo tipos de diligencias, según los datos facilitados por el portavoz del colectivo, José Ignacio Corredera.
La dos jornadas de movilizaciones que concluyeron ayer en la provincia, una de la del país donde mayor repercusión han tenido, paralizaron la actividad de la práctica totalidad de las oficinas de Penal y Civil de los órganos judiciales dependientes del Ministerio de Justicia, protesta con la que los responsables del funcionamiento de las mismas quieren reivindicar más medios humanos.
El objetivo es que no se cubran vacantes y bajas laborales en su escalafón con sustitutos o con el endoso de esas funciones a los titulares en activo. En varias ocasiones, ese último tipo de circunstancias que deberían ser muy puntuales se han llegado a prolongar durante casi un año.
Esa medida, habitual en los últimos años, implica una sobrecarga de trabajo para los antiguos secretarios generales de juzgados, “de competencias y funciones”, que redunda en la falta de agilidad de la impartición de Justicia, puesto que retrasa la marcha de la resolución de diligencias y, por tanto, de las demandas y denuncias que presentan los ciudadanos.
Otra de las exigencias del colectivo se centra en la congelación de los sueldos desde hace una década, a pesar del acuerdo suscrito con el Ministerio en 2021 que permitió suspender la convocatoria de huelga previstas tras las llevadas a cabo la primavera de este 2022.
Entre las nuevas funciones de estos empleados públicos está el control informático del juzgado que cada uno tiene asignado. Estos altos funcionarios reivindican que se elimine el pago de productividad y se destine ese dinero por tareas extras a la subida de sueldo.
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