La gravedad de los ocho delitos contra la libertad sexual de seis menores de edad de los que se acusa al industrial de Villaralbo, violaciones y abusos sexuales a hijas de amigos y conocidos cuando tenían entre 12 y 16 años, le sentarán en el banquillo de los acusados de la Audiencia de Zamora para enfrentarse a penas superiores a los 9 años de cárcel, según ha podido saber LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA.
El juez que está en la última fase de las diligencias previas de la causa contra el conocido empresario zamorano de 50 años e iniciales P.F.R., en prisión preventiva desde el 19 de febrero de 2022, considera que existen “indicios racionales” de que ha cometido los delitos y da por válidos los testimonios de las presuntas víctimas que coinciden en lo esencial, indican fuentes próximas al caso.
Algunas de las niñas habrían estado sometidas a la voluntad del acusado durante unos cinco años, a prácticas con las que vulneraría su indemnidad sexual, es decir, “el derecho de la persona a no sufrir interferencias en la formación de su propia sexualidad”, al tratarse de niñas que no habían cumplido la mayoría de edad.
La Ley protege “principalmente a los menores y personas incapaces”, las consideradas como “más vulnerables”, supuesto de aplicación a estos seis casos en los que el imputado aprovecharía su proximidad al entorno familiar de las adolescentes y la confianza que los padres y madres tenían en él por tratarse de un amigo o, en otros casos, del padre de las amigas de sus hijas.
El abogado del único acusado ha recurrido ya el auto para solicitar que la causa se disgregue y se remita a los distintos juzgados de las localidades en las que se habrían cometido cada uno de los casos. El letrado sigue la estrategia de dispersar el caso para que no puedan acumularse las penas de cárcel que conllevaría la resolución en un mismo juicio de todas las denuncias que se han investigado en Zamora por la UFAM de Policía Nacional, apuntan fuentes judiciales.
Durante las vacaciones
El abogado alega que no son delitos conexos porque, según las denuncias, ocurrieron en Zamora, en Marbella, en Altea o en Benidorm, lugares a los que el industrial llevaba de vacaciones a sus dos hijas y amigas de estas, sobre las que después llevaría a cabo esas presuntas agresiones sexuales.
En el recurso vuelve a solicitar que la policía judicial de la Comisaría de Zamora analice el ordenador del domicilio de su cliente para determina si tenía pornografía infantil, una acusación que parece ser que realizó en su día la exmujer del encausado y madre de sus dos hijas, prueba que ya descartó el juez instructor en una ocasión.
El auto de transformación de las diligencias en sumario sobresee la investigación abierta contra el socio de P.F.R., contra quien el juez no halló suficientes pruebas que pudieran justificar las acusaciones de abuso y agresión sexual contra alguna de las menores cuyas familias impulsaron la acción judicial.
Fiestas en su casa, alcohol y masajes para un fácil acceso a las niñas
El industrial zamorano actuaría del mismo modo con sus víctimas, según los testimonios de las menores y adolescentes que están en tratamiento psicológico por los episodios traumáticos sufridos. Al parecer, para tener un acceso libre a las adolescentes “organizaba fiestas en su casa, de pijamas o disfraces, las permitía beber alcohol”. En un momento dado, “cuando estaban afectadas por haber consumido, subiría a alguna de ellas al dormitorio con la excusa de darles un masaje” porque las vería en mal estado, según el relato de la víctimas, coincidente en lo esencial.
Una vez en el cuarto, a solas, tendría lugar el abuso, a veces acompañado de la agresión sexual (la penetración), sin que el resto del grupo de amigas pudieran ayudar a la niña que el zamorano de 50 años habría elegido. En otras ocasiones, instaría a sus hijas a invitar a sus amigas a ir de vacaciones con ellas en las quincenas en las que estaban a cargo del encausado, divorciado y con régimen de visitas. Una vez en el destino, zonas costeras alejadas de Zamora, repetiría el modus operandi con el que perpetraría los delitos contra la libertad sexual de las adolescentes.
La Audiencia Provincial negó la libertad condicional al empresario al primar “la seguridad y la tranquilidad de las menores”, lo que justifica que el empresario continúe en la prisión de Topas.
