El descenso de denuncias por el COVID lastra los despachos de abogados de Zamora

Los despachos de abogados y procuradores pasan por una de sus peores crisis ante el descenso de la litigiosidad entre los ciudadanos, una consecuencia más de la pandemia del COVID-19 que aleja a los zamoranos de los juzgados, “la gente se lo piensa dos veces antes de denunciar”, explica un profesional de la judicatura. La crisis económica está lastrando a estos profesionales ante una caída “sustancial” de la actividad judicial que ha repercutido incluso en el turno de oficio, “apenas se derivaban casos”, una tendencia que parece comenzar a remontar al alza, pero que puede ser insuficiente para evitar consecuencias más graves para estos colectivos profesionales.

Abogados y procuradores ven cómo se reduce en más de la mitad la celebración de juicios, al limitarse el uso de las salas de vistas por la necesaria limpieza tras cada una de las vistas orales celebradas. “Es imposible recuperar el ritmo”, añaden las fuentes consultadas, una perspectiva que no tiene pinta de mejorar y que se oscurece ante el recrudecimiento de los contagios en la capital y la provincia.

La suspensión de juicios como consecuencia de imprevistos por la pandemia, desde acusados que no acuden a las vistas hasta la imposibilidad de tomar declaración a testigos afectados por el COVID, está a la orden del día. Aunque las oficinas judiciales han recuperado el pulso de la actividad especialmente desde el mes de julio, la repercusión en el volumen de ingresos está lejos de lo que se esperaba, aún siendo pesimistas.

Las dificultades económicas comenzaron a azotar a los despachos de los abogados y los procuradores durante el confinamiento, a pesar de que la actividad judicial se retomó el 4 de junio la situación no ha llegado a normalizarse y la reducción de ingresos se ha visto muy afectada, con beneficios muy por debajo de la mitad de los registrados antes del COVID para una buena parte de estos profesionales.

Los ánimos no han mejorado en estos casi cuatro meses, con una nueva normalidad que sigue sin reactivar la actividad judicial en la provincia. Los juicios virtuales celebrados entre mayo y julio se elevaron a 210, un número muy superior a los que se desarrollaron desde abril a junio, cinco, pero alejados del ritmo habitual al que trabajaban los once juzgados de Primera Instancia e Instrucción de la provincia, así como los dos de Social, el Contencioso y el Penal. La perspectiva no parece mejorar, los casos no llegan a las oficinas judiciales con la misma intensidad que hasta el mes de marzo.