La construcción de una casa ilegal sienta en el banquillo al alcalde de Mahíde

La construcción de una nave ilegal en el municipio de Las Torres de Aliste sentó ayer en el banquillo de los acusados al alcalde de Mahíde (cabecera del ayuntamiento), Roberto Cisneros Sanabria y un matrimonio vecino de la localidad, cuya identidad corresponde a las iniciales P.P.V. y J.D.G., a quienes la Fiscalía acusa de cometer un delito contra la ordenación del territorio por la construcción de una casa en un terreno rústico donde no se podía levantar. Los acusados se enfrentan a penas de hasta 1,8 años de cárcel.

Según el relato de la fiscal, en 2017 la pareja formada por P.P.V. y J.D.G., presentó un proyecto para una nave de aperos en Las Torres de Aliste, que recibió el informe contrario de la Diputación porque sus promotores no eran agricultores (él es constructor y ella veterinaria), no cumplían los requisitos mínimos de parcela ni tierras vinculadas y a la vista del documento técnico la construcción, con dos alturas, tenía más la pinta de una vivienda que de una nave. Todas estas razones, expuestas en sendos informes del servicio de asistencia de la Diputación, de los que el secretario municipal advirtió al alcalde, no fueron tenidos en cuenta por Roberto Cisneros, quien estampó la firma en la licencia de obras. Posteriormente llegaría la denuncia del Seprona de la Guardia Civil y la Junta de Castilla y León, que le obligaron a retirar la licencia de la casa, aunque la construcción estaba hecha.

El alcalde, Roberto Cisneros reconoció que pudo cometer un error, pero no que tuviera ninguna idea de vulnerar la ley. Explicó que la nave llegó con el proyecto de un arquitecto y se ubicaba en una calle asfaltada y con los servicios de agua y alcantarillado. De hecho, la mayor parte de las naves del pueblo están hechas sin ningún tipo de licencia. Resaltó que las parcelas son pequeñas, porque cuando se intentó la concentración parcelaria "de poco se mata la gente" y su única intención fue facilitar que una pareja joven del pueblo pudiera quedarse a vivir, ya que tenían intención de iniciar una actividad agropecuaria. Dijo que según las consultas que realizó en su día creía que la situación de la nave era legalizable.

Aseguró que su relación con los codemandados no es de amistad, ya que son "unos vecinos más del pueblo". El abogado de la pareja señaló que incluso habían tenido un conflicto por una obra. El varón de la pareja, P.P.V. declaró que hicieron el proyecto de una nave para guardar el tractor y los aperos, ya que su idea era convertirse en agricultores y montar una industria de plantas medicinales, intención de la que han desistido. Significó que el proyecto que presentaron y su idea real era la de hacer una nave, únicamente con un baño para poder cambiarse, y no una vivienda y que incluso la legislación permite ese tipo de construcción, incluso con casa vinculada y lo que impide es hacer una casa aislada. Respecto al requisito de ser agricultor, indicó que estaba dando los pasos necesarios y destacó que las parcelas donde se construyó están en una calle asfaltada y con todos los servicios de agua y alcantarillado.