Piden cárcel para un hombre por arrendar fincas que no eran suyas y cobrar la PAC

La Fiscalía Provincial acusa a un vecino de la comarca de Aliste de simular que estaba autorizado para subarrendar fincas a terceras personas para cobrar la PAC, lo que provocó que alguno de los denunciantes perdiera esas ayudas y, como consecuencia, un importante montante de dinero. Para lograr su propósito llegó a falsificar documentos públicos del Ayuntamiento de San Vitero y de Mahíde, un delito que le puede costar la condena a nueve meses de prisión y una multa de 2.700 euros.

Tres vecinos de las dos localidades de la comarca alistana fueron víctimas entre los años de 2009 y de 2010, según la Fiscalía, de las argucias del procesado, de iniciales C.M.G., al que acusa de haber ideado el engaño para poder beneficiarse personalmente de las ayudas derivadas de la Política Agraria Común (PAC).

Con ese propósito, llevó a cabo contratos de subarrendamiento de fincas que no le pertenecían pero que acreditaba estar autorizado a realquilar, para lo que presentaba documentación falsificada previamente, de acuerdo con el escrito de acusación del Ministerio Público.

El procesado, al que se le imputa la comisión de un delito de falsedad de documento público, llevó a cabo un contrato de subarrendamiento el uno de mayo de 2010 con un vecino de San Vitero, al que adjuntó un convenio suscrito un año antes con el Ayuntamiento de esa localidad el 31 de julio de 2009, para demostrar que estaba autorizado para llevar a cabo esa operación en una finca, lo que le reportó unos ingresos de 2.150 euros, en concepto de alquiler.

Sin embargo, el nuevo arrendatario comprobaría que ese convenio no era legal, puesto que ni el alcalde ni el secretario del Ayuntamiento de San Vitero habían firmado nada. Fue este vecino del municipio el que no pudo cobrar la PAC de esa campaña de 2010, lo que le ocasionó unas pérdidas de 32.000 euros. Y es que se comprobó con posterioridad que C.M.G. había falsificado varios puntos del convenio, entre ellos la relación de fincas que supuestamente estaba autorizado a subarrendar, así como la cláusula que se refería a la autorización para que pudiera realquilar esas parcelas, según considera probado el Ministerio Fiscal.

La denuncia, que resolverá la Audiencia Provincial en un juicio previsto para hoy, recoge otros casos, si bien solo uno emprendió acciones judiciales contra el procesado, ante quienes se presentó como subarrendador de fincas. De nuevo recurrió a otro convenio de los ayuntamientos de San Vitero, el mismo que presentó al otro arrendatario, y de Mahíde, este fechado el 18 de noviembre de 2010.

Los arrendatarios supieron después de llegar a un acuerdo con el acusado que esos convenios nunca habían pasado por los consistorios mencionados, no los alcaldes de esos municipios ni los secretarios habían estampado su firma en los documentos que venían a dar cobertura legal a las operaciones de arrendamiento que C.M.G. pudiera cerrar con las propiedades beneficiadas por las subvenciones con cargo a la Política Agraria Común.

Un tercer perjudicado, vecino de Mahíde, según la Fiscalía, no denunció su caso porque nunca llegó a firmar el contrato de arrendamiento. propuesto el 12 de diciembre de 2009.