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Las empleadas de la ayuda rural a domicilio exigen un mejor contrato

Rivera pide que los desplazamientos cuenten como jornada laboral y la subrogación "escrupulosa" de las trabajadoras

Las empleadas de la ayuda rural a domicilio exigen un mejor contratoFoto L. O. Z.

Las 375 trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio de la Diputación Provincial cubren más de una localidad, utilizan sus propios vehículos y los tiempos de desplazamiento no están incluidos en su jornada laboral. Ante esta situación y dado que está prevista una nueva adjudicación del servicio, el grupo de Izquierda Unida en la institución provincial propone que en el pliego de contratación "se incluya como tiempo de trabajo efectivo el desplazamiento entre localidades". Así lo plantea la diputada del grupo, Laura Rivera, que pide un modelo similar al del profesorado itinerante en los Centros Rurales Agrupaciones, donde "sí se computan los viajes como tiempo de trabajo porque en realidad lo es". La situación se traduce, según Rivera, en que "en algunos casos se descuenta la atención recibida por los usuarios que, junto a las trabajadoras, son los perjudicados por esta situación".

La agrupación apuesta por recoger en el pliego de condiciones "mejoras en las condiciones de trabajo", entre ellas, la relativa a los desplazamientos. Además, insiste en la subrogación de las casi 400 trabajadoras a tiempo parcial ya que, aunque está recogida en convenio, "debe respetarse escrupulosamente", añade Rivera.

La reivindicación ha sido trasladada a IU por representantes sindicales del sector y se justifica por las características de la provincia, "con cerca de 500 localidades y una población dispersa y envejecida", razonan. Los gastos de kilometraje, no obstante, se abonan a las trabajadoras rurales conforme a las normas a razón de 0,19 euros el kilómetro.

El servicio de ayuda a domicilio rural se presta en la actualidad por la UTE formada por las empresas Clece y Seralia. Hace unos meses, las trabajadoras amenazaron con una huelga indefinida tras denunciar "contratos muy precarios, la mayoría, parciales y con salarios medios de 300 euros", según reivindicaron en su momento.

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