Las ciudadanas dominicanas presuntamente estafadas por los tres imputados no solo no llegaron a trabajar nunca como empleadas de hogar, sino que algunas de ellas pagaban la Seguridad Social, dinero que entregaban en mano al imputado o su exesposa o que ingresaban en una cuenta bancaria. La Tesorería de la Seguridad Social, personada en la causa, pero cuyo abogado no estuvo ayer en el juicio, exige las mismas penas que la Fiscalía para cada uno de los acusados: dos años por el delito de estafa y tres por inmigración ilegal.
La exesposa de quien habría ideado, según la policía, la trama para facilitar contratos de trabajo ficticios, previo pago de una cantidad, se encargaba de abonar las cuotas a la Seguridad Social de las inmigrantes para, con posterioridad, cobrar esa cuantía a las trabajadoras ficticias. Además, la procesada formalizó varios de esos documentos en la Subdelegación del Gobierno de Zamora, según la Brigada de Extranjería de Zamora que investigó el caso. Uno de los agentes aseguró que el hijo del exmatrimonio imputado también recibió dinero de una de las extranjeras a las que entregaron un contrato fraudulento. El joven declaró que la contratación fue real, ya que vivía con su abuela enferma y necesitaba una persona para cuidarla.
