Un total de 16 años de inhabilitación para empleo o cargo público, ocho de suspensión de empleo y sueldo y el pago de multas que suman 4.500 euros por los delitos de prevaricación y malversación de caudales constituyen las penas que podrían recaer sobre el alcalde de Rábano de Aliste, el socialista Antonio Faúndez Arribas, y el edil de ese municipio y diputado provincial, Enerino Luis Gago, de acuerdo con la petición de la Fiscalía Provincial.
De modo que, cada uno de ellos se enfrenta a la solicitud del fiscal de ocho años de inhabilitación como autor de un "delito continuado de prevaricación", que se derivaría de la gestión del programa Área de Rehabilitación Integral (ARI) para viviendas del casco urbano de San Mamed, dotado con 332.402,55 euros.
En ese mismo supuesto se incluye el "fraccionamiento de varios contratos" al objeto de "adjudicarlos a las empresas que el Ayuntamiento determinara". El Ministerio Público menciona la realización de obras sin contrato para la ejecución de una cocina en el comedor social de Sejas de Aliste.
Presidente y concejal de la Corporación de Rábano de Aliste están acusados también de un delito de prevaricación por la contratación, con la anuencia de Faúndez, de Enerino Luis Gago como personal de la institución local cuando ya percibía una retribución como edil liberado. Se trata de una infracción penal por la que el fiscal jefe de la Audiencia Provincial, Rafael de Vega Irañeta -que investigó la denuncia interpuesta por el grupo del PP en Rábano en junio de 2012- exige a cada uno de los procesados el pago de una multa de 6 meses con una cuota de diez euros diarios -1.800 euros- y dos años de suspensión de empleo y sueldo.
En cuanto al otro delito que les imputa, malversación de caudales públicos por el uso personal del teléfono, que se costeaba con cargo a las arcas municipales, la Fiscalía exige la imposición de una multa de nueve meses con una cuota diaria de diez euros -2.700 euros-, tanto para el alcalde del PSOE, Antonio Faúndez, como para el integrante de su grupo municipal y diputado provincial, Enerino Luis Gago.
Los dos procesados siempre han negado las acusaciones del Ministerio Público, al afirmar que nunca se han beneficiado personalmente de su gestión al frente de la Administración local de Rábano, ni han cometido irregularidad o ilegalidad alguna. Sin embargo, el propio secretario del Ayuntamiento, Delfín Hernández, funcionario encargado de velar por el cumplimiento de la legalidad en la institución, declaró que tanto Faúndez como Luis Gago conocían las irregularidades denunciadas por el PP.
Por que se refiere al ARI, el expediente de contratación de las obras estuvo en manos del diputado socialista, incluso en su propio domicilio. Enerino Luis Gago se habría encargado personalmente del mismo, sin permitir que los concejales del PP pudieran consultarlo con la excusa de que se trataba de un documento muy voluminoso. Tampoco el secretario municipal pudo ver "el proyecto, las solicitudes y otros documentos", explicó el funcionario cuando prestó declaración ante el juez y el fiscal.
Entre los beneficiarios de estas subvenciones estaba la esposa del concejal socialista, María Dolores de la Iglesia, circunstancia que exigía que Luis Gago se abstuviera de participar en el procedimiento de concesión de las ayudas del ARI a proyectos de rehabilitación de viviendas. El fiscal jefe apunta que "nunca se abstuvo" a la hora de votar sobre este asunto y que "formó parte de una comisión de seguimiento". Otra ilegalidad está relacionada con la partición de diversos contratos para que se contrataran con empresas que determinaba el Ayuntamiento.
Tras remitirse al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Zamora los escritos de acusación y defensa, el magistrado remitirá la causa al Juzgado de lo Penal, donde tendrá lugar la vista oral que sentará en el banquillo a los dos ediles del PSOE de Rábano de Aliste.
Su partido les solicitó la dimisión hace casi un año y medio, en febrero de 2013.
