Tal y como se había decidido en el último pleno, la institución provincial garantiza la apertura de los 42 comedores sociales que existen en los municipios durante el verano cuando los centros de acción social constaten que hay familias con necesidades de alimentación. Así lo anunció ayer el presidente de la Diputación, Fernando Martínez Maíllo, después de reunirse en el salón de plenos con los alcaldes de los ayuntamientos que gestionan este tipo de instalaciones. El acuerdo supone que la Administración provincial se hará cargo de los gastos generados.
La opción de los comedores sociales se impone a los servicios escolares. "Pueden suponer la estigmatización de los menores que acuden a ellos", valoró Martínez Maíllo tras consultar con los técnicos del Área Social. "Los recursos han de favorecer la integración", añadió.
