Los magistrados y jueces de la provincia secundan la huelga convocada para el día 20 de febrero ante las medidas del ministro Alberto Ruiz Gallardón que merman su independencia y «hartos de que se ponga a la justicia en la picota, de que se nos acuse de ser lentos pero no se nos proporcionen medios materiales ni humanos, ni mecanismos» para afrontar investigaciones de tanto calado como pueden ser los casos de corrupción. En estos términos se pronunciaba la decana de los jueces de Zamora, Ana Descalzo Pino, para subrayar que los jueces han convocado esta huelga «para alzar la voz y decir que sí asumimos esa responsabilidad y sí queremos investigar, pero con medios».

La representante del estamento judicial en la provincia sostiene que «estamos indefensos» porque la instrucción de casos tan complejos como los relativos a la corrupción política «pueden tardar años» al no disponer de herramientas suficientes para agilizar la tramitación.

Descalzo Pino quiso aclarar que «las dilaciones y la larga duración de esos procedimientos se explica porque no podemos afrontar el día a día con esas limitaciones de medios y si te llega un macroproceso, ya resulta imposible». En la misma jornada de paro los magistrados y jueces de la provincia leerán un comunicado en el que darán a conocer ampliamente sus exigencias ante la opinión pública.

Otra de las reivindicaciones que tienen sobre la mesa el colectivo de juristas es el nombramiento de peritos especializados para la investigación de los casos de corrupción política tan complejos como la trama del caso Gürtel o el Nóos, en el que están como imputados Iñaki Urdangarín y su socio Diego Torres. Casos en los que el entramado empresarial y de funcionamiento de las sociedades o fundaciones investigadas requieren el asesoramiento de personal con amplios conocimientos en materias muy específicas, además de una dedicación absoluta del juez que instruye.

Sin embargo, los juzgados que llevan estos asuntos ni son liberados para su tramitación ni disponen de medios adicionales mientras desarrollan ese trabajo para agilizar y evitar las dilaciones que pueden reducir considerablemente las penas.

Por condición de sus cargos, ni el presidente de la Audiencia, ni el fiscal jefe, Luis Brualla Santos-Funcia y Rafael de Vega Irañeta, secundarán el paro convocado por las asociaciones nacionales -salvo Jueces para la Democracia y la mayoritaria de fiscales- en protesta por el mantenimiento de las reformas del Poder Judicial que a su entender trata de «minar» la independencia de uno de los tres pilares del Estado de Derecho, garantista del sistema democrático. Lo que el Gobierno central pretende con el replanteamiento de la Ley del Poder Judicial es «tenernos atados y callados, un control absoluto» sobre este órgano, abundó la decana de los jueces zamoranos.

Por lo que respecta a los fiscales, la huelga también será secundada por buena parte de ellos, si bien al tratarse de una convocatoria que no está respaldada por la asociación mayoritaria resulta difícil conocer cuántos se sumarán a la jornada de paro prevista para el día 20, el miércoles próximo. Fuentes de la Fiscalía Provincial han indicado que se trata de una opción personal.

Magistrados zamoranos que son integrantes de Jueces para la Democracia están decididos a no acudir a su puesto de trabajo el día 20, como ya hicieran cuando tuvieron lugar los paros puntuales que llevaron a cabo funcionarios, fiscales y los mismos jueces.

El Ministerio de Justicia ha reintegrado en la nómina de enero la cantidad que descontó a los magistrados y jueces por secundar el paro general del 14 de noviembre de 2012, convocado por los sindicatos, una actitud que devuelve al «limbo» al colectivo en cuanto al derecho a la huelga se refiere, no reconocido por ley pero tampoco prohibido expresamente. De haber mantenido el descuento, el Ministerio habría efectuado «un reconocimiento expreso de que tenemos derecho a la huelga», apuntan fuentes judiciales. Esta decisión les permite secundar paros y huelgas. El derecho a la huelga implicaría regular «servicios mínimos o qué procedimientos tendrían que ser atendidos» en caso de un paro.