La empresa que construyó y explota el parking subterráneo situado en la avenida de los Reyes Católicos, frente al hospital Virgen de la Concha, debe 314.600 euros que «el Ayuntamiento debe recaudar de forma inmediata», denunció el grupo municipal de Izquierda Unida en un comunicado.

Según relata la formación política el 20 de septiembre pasado la alcaldesa emitió un decreto mediante el cual no se admite la ampliación del plazo solicitado por la empresa para pagar la multa de 191.000 euros impuesta por el Ayuntamiento como consecuencia de los retrasos en la construcción del aparcamiento. «En el mes de julio la alcaldesa había impuesto por decreto esta sanción, certificada por informes técnicos y había dado un plazo de diez días para pagarla. La obra, explica IU, debería haber finalizado, ya con prórroga el 16 de diciembre de 2010, pero no entró en servicio hasta el 28 de julio de 2011. El canon ofertado por la empresa, la UTE Ortiz Arcebansa, para los cinco primeros años era de 61.800 euros por año, «por lo que la cuantía se eleva a día de hoy a 123.600 euros. Sumada esta cifra con la multa, da como resultado una deuda de 314.600 euros. La empresa dice que el negocio de este aparcamiento es una ruina, pero también hay más zamoranos en el paro, con menor salario y sin paga extra y no se hace la vista gorda», razona IU en un comunicado.

Por otra parte, el mismo grupo de oposición ha denunciado que mientras a la empresa de autobuses, con el contrato caducado, el Ayuntamiento le ha admitido la revisión de precios, no ha hecho lo mismo con Televent, que se encarga del mantenimiento del alumbrado y los semáforos. La empresa firmó el contrato para prestar el servicio en 1996 para un periodo de cuatro años, por lo que en 2002 se le acabó, pero un decreto del entonces alcalde, Antonio Vázquez, la obligó a continuar con el servicio «en el precio de la última factura». Lo que parecía una prórroga de meses se ha convertido en nada menos que diez años. El Ayuntamiento dice ahora que la prórroga firmada por Vázquez es ilegal, e IU teme que la empresa llegue a los tribunales y gane el pleito.