Medio año con la celebración de entre de diez y doce juicios semanales y el dictado de alrededor de 200 sentencias que se había previsto se han mostrado visiblemente insuficientes para poner al día al Juzgado de lo Penal de Zamora, colapsado ya, por lo que el Decanato de Jueces ha vuelto a solicitar que se nombre a otro magistrado de apoyo por otros seis meses a fin de aliviar la carga de este órgano.

La petición se ha cursado ya para que el 17 de octubre, cuando concluye la medida de refuerzo aprobada por el Ministerio de Justicia, se pueda incorporar el nuevo juez que se nombre y nuevo responsable de la secretaría judicial. Quienes actualmente desempeñan ese trabajo han mostrado su intención de no solicitar la plaza.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) recogió las exigencias de Zamora que, ante la imposibilidad de conseguir el segundo órgano de lo Penal para la provincia, optó por pedir un juez de refuerzo para aliviar el atasco que viene sufriendo el único Juzgado existente por las sucesivas reformas legislativas llevadas a cabo en los últimos años, especialmente respecto de los delitos de violencia de género y de tráfico.

La inspección efectuada por el Consejo concluyó que el Penal de Zamora es el juzgado de Castilla y León de este tipo que más asuntos recibe al año, como demuestran los más de 600 registrados cada doce meses, lo que supone un 14% más respecto del resto de estos órganos de la región. La conclusión es que se ha convertido en «el que más atasco va generando».

Supera en un 20,44% el indicador de entrada de asuntos que el CGPJ estima aceptable para el buen funcionamiento de un juzgado, según el informe emitido por el Poder Judicial, que cifró en más del 30% el número de asuntos que su titular, la zamorana María Belén Gamazo, no puede resolver cada año.

De hecho, la magistrada en una entrevista concedida a este diario indicó que para tener el juzgado al día debería poner cada año 700 sentencias, «eso es imposible», indicaba, ya que el número máximo que se considera aceptable deja entre 40 y 45 las que podrían dictarse cada mes. La magistrada explicaba que «cada juicio y sentencia requieren un tiempo, algunas mucho». Ya entonces advertía que «si los asuntos que entran superan en un 30% o 40% el número de los asumibles, si no hay otro juez que ayude, la situación acabará siendo caótica». E incidía en que «los jueces tratamos con las personas y sus problemas, esto no es una máquina de hacer churros, hay que estudiar, valorar las circunstancias de cada individuo» antes de decidir.

Cada año el Juzgado resuelve entre 450 y 470 asuntos, es decir, la magistrada responsable dicta ese número de sentencias firmes. Desde hace tres años tanto el presidente de la Audiencia Provincial, Luis Brualla Santos-Funcia, como la decana de jueces, Ana Descalzo Pino, vienen reclamando la perentoria necesidad de poner en marcha un segundo Juzgado de lo Penal, la crisis económica se ha cruzado y las esperanzas de obtener una respuesta positiva se han esfumado a pesar de que el Consejo General del Poder Judicial ha respaldado esa urgencia. El Ministerio no dispone de recursos, ha sido la respuesta sistemática.

La estadística del año pasado resulta contundente a la hora de justificar la sobrecarga de trabajo que soportan la juez titular, la secretaria judicial y los funcionarios de este órgano. En 2011 el Penal comenzó el año con 473 asuntos pendientes de resolver del ejercicio anterior y recibió 542 de enero a diciembre. De modo que, a lo largo de esa anualidad tuvo en trámite 1.015 procedimientos, de los que la titular pudo resolver 414, en total dictó 406 sentencias. A 31 de diciembre restaban 601 causas por obtener respuesta, con lo cual el Juzgado entró en 2012 con una pendencia mayor de la que heredó de los doce meses anteriores.

En lo que respecta a la ejecución de sentencias, en enero de 2011 había pendientes 928; se iniciaron 859; se archivaron 888; y cuando terminó ese ejercicio había 899 aún por ejecutar. Es precisamente esta competencia una de las que más tiempo ocupa al Juzgado.

A 31 de diciembre de este año, el trabajo que el juez de apoyo ha desarrollado se reflejará en las estadísticas, con esos 200 asuntos menos acumulados a los que ya ha dado salida, pero, si se suspende la medida, apenas será necesario que transcurran unos meses del próximo año para que la situación se retrotraiga a enero de 2012. Para prevenir esa situación y evitar el caos del que hablaba la titular del Juzgado se ha vuelto a reclamar el respaldo de un juez que solo celebre juicios y dicte sentencias durante seis meses, es decir, para que zanje otros 200 asuntos de esos 601 con los que se inició este ejercicio pendientes de una respuesta.

De cualquier modo, si Justicia no mantiene este servicio de forma continuada, la solución será tan solo transitoria y los zamoranos sufrirán las consecuencias de una justicia lenta, por tanto, ineficaz a pesar de los esfuerzos de quienes tienen en sus manos la capacidad de decidir sobre los problemas que llegan a los juzgados y de los funcionarios.