El Ayuntamiento se mantiene al margen de la situación que atraviesan 31 familias afectadas por el concurso de acreedores de Covical y que ha perdido las Viviendas de Protección Oficial previstas en Pinilla y San Frontis tras desembolsar entre 12.000 y 25.000 euros cada uno, en el caso de Pinilla, y 3.000, en San Frontis donde, por cierto, las obras «ya han arrancado». El portavoz del equipo de Gobierno, Feliciano Fernández, entiende que «la cuestión se tiene que resolver en los juzgados y no es competencia nuestra». En cualquier caso, el edil de Urbanismo recuerda que «hemos dado instrucciones a la nueva adjudicataria San Gregorio para que prioricen a los antiguos compradores ante la nueva situación», plantea. A su vez, tilda de «demagógica» la petición de IU en la que pide la intermediación del Ayuntamiento.
