La Junta de Personal del Ayuntamiento de Zamora, reunida ayer de urgencia, estudiará a través de los servicios jurídicos sindicales si recurre la destitución de la jefa de la Oficina de Urbanismo. Con independencia de la posible vía legal, los funcionarios municipales se concentrarán a partir de la próxima semana durante una hora en la Plaza Mayor en apoyo a la trabajadora destituida y con el objetivo de que «cambie de una vez la política de personal del Ayuntamiento de Zamora, que parece estar dirigida por el secretario general y no por el equipo de Gobierno», explica Ana Aldea, presidenta de la Junta de Personal. En caso de que el órgano decida emprender acciones judiciales contra la Alcaldía por esta decisión «a dedo», la impugnación se sumaría al contencioso y a los dos recursos más presentados contra el Ayuntamiento por la convocatoria de empleo público de 2005.
Pese a que desde un principio tanto los representantes de los trabajadores como PSOE e IU vincularon la decisión a un intento de acabar con los informes técnicos contrarios al PGOU que advertían sobre su posible ilegalidad, la alcaldesa de Zamora, Rosa Valdeón, desmiente esta relación y asegura que la decisión «política» se debe a «la falta de confianza y lealtad de la funcionaria». En este sentido, la regidora expone que el concejal de Urbanismo, Feliciano Fernández, «le transmitía órdenes que no se ejecutaban en tiempo y forma», explica Valdeón, que culpa a la funcionara de los retrasos del departamento de Urbanismo. Sin embargo, desde la Junta de Personal rechazan la acusación de deslealtad porque recuerdan que una jefa de Urbanismo no debe ser leal «sino informar sobre la legalidad o ilegalidad, otra cosa es que al equipo de Gobierno no le guste lo que ella informa», puntualiza. Además, entiende que si la «incompetencia» de la funcionara era real, «para eso están los expedientes, que aquí se abren o se dejan caducar según convenga», critican a la vez que entienden que la resolución de la Alcaldía «es un toque de atención a los funcionarios de toda la casa, no sólo al departamento de Urbanismo».
La funcionaria Elena Domingo, que ocupaba el puesto en comisión de servicios por la excedencia del titular del puesto, el actual portavoz del PSOE, Carlos Hernández, ha sido sustituida por una persona procedente del Ayuntamiento de Vic. Además, el Ayuntamiento ha decidido cubrir la plaza del gerente de Urbanismo para la que se designará un funcionario en excedencia del Ayuntamiento de Valladolid.
El PSOE habla de «prevaricación» y acusa al PP de vulnerar la Ley para contratar a personas afines
El equipo de Gobierno del PP ha actuado, según el grupo del PSOE, «en contra de los principios legales» al contratar al nuevo jefe de la Oficina de Urbanismo y al gerente del área sin acudir al «concurso público» o, en su defecto, al «abierto para que puedan concurrir funcionarios de otras administraciones». Carlos Hernández acusó a la alcaldesa de vulnerar el sistema de acceso a la función pública al prescindir de los principios básicos de «objetividad y publicidad» para cubrir las plazas y favorecer «a un amigo del secretario general del Ayuntamiento», en el caso del jefe de la Oficina, algo «inaudito y cercano a la prevaricación»; y con el nombramiento del funcionario de Valladolid como gerente, «que lleva 10 años de excedencia» y llega para «atender a la política del PP». Exigió, por contra, el cese del secretario general, que «está en situación ilegal y provisional, con sentencias» que le deslegitiman. Por su parte, el secretario de la Agrupación Local del PSOE, Félix Rodríguez, se sumó a la defensa de la labor de la funcionaria destituida, Elena Domingo, una decisión que «esconde todo un entramado oscuro de intereses económicos y operaciones urbanísticas en las que participa activamente el PP con su presidente Fernando Martínez; el ex alcalde, Antonio Vázquez; la alcaldesa; Jesús Rodríguez; y el concejal Feliciano Fernández». Es una muestra más de los «chanchullos y desmanes del PP».
El equipo de Gobierno, «por su incapacidad, quiere cargarse a todo el que moleste», dice Guarido
«Es una decisión ilegal y políticamente impresentable que sólo refleja la incapacidad del equipo de Gobierno, que echa la culpa de su desgobierno a los demás e intenta cargarse a todo lo que le molesta». Con estas palabras el portavoz de IU, Francisco Guarido, define la destitución de la jefa del servicio jurídico de la Oficina de Urbanismo, situación que la coalición intentará reconducir a través de una moción en el próximo Pleno ya que «si bien es cierto que las competencias en personal son de la Alcaldía, también lo es que una mayoría de concejales no podemos estar cruzados de brazos mientras suceden estos movimeintos que lo que persiguen es la aprobación del PGOU con un informe favorable», concluye. Guarido insiste en que la reestructuración del área municipal es «indignante porque no se puede imputar a esta funcionaria los retrasos del puente, del Plan de Urbanismo, de los planes parciales o de la concesión de licencias». Añade, además, que el propio Feliciano Fernández «es el que no pisa por la Concejalía del área excepto media hora antes de la Junta de Gobierno Local de modo que él es el vago y el que no hace su trabajo». Al igual que los socialistas, IU también tilda de «ilegal» el nombramiento del sustituto de la recién destituida ya que «esta plaza no es de libre designación; sí lo es la del gerente de Urbanismo ya que figura en los presupuestos».
