El pasado año, el campo español en su conjunto vivió una de sus peores campañas en décadas debido a la intensa sequía que asoló toda la península. 2018 no empezó mejor y los agricultores, al borde de la desesperación, pronosticaban un curso oneroso y de consecuencias irremediables mientras clamaban contra las administraciones en busca de soluciones (por no decir milagros). Finalmente, las previsiones más negativas no solo no se cumplieron, sino que la lluvia llegó de forma intensa con la entrada de la primavera. Los embalses, que palidecían en el invierno, ahora se muestran con cantidades de agua muy superiores a la media registrada durante la última década por estas fechas. Por ejemplo, el Sistema Pisuerga -que abastece a los canales de riego del Toro-Zamora y el San José- se encuentra al 52% de su capacidad de acuerdo con los últimos datos registrados, lo que supone casi 20 puntos porcentuales más que la media de los últimos diez años y más de 40 puntos respecto a estado hace ahora un año.
La lluvia llegó, pero la realidad es que esas precipitaciones no se materializaron en forma de beneficios para el campo toresano. O no al menos como el pasado año la sequía sí se materializó en forma de pérdidas. Y si bien la meteorología es esencial en las labores agrícolas, hay otras cuestiones que pueden ser tan perjudiciales como un año sin precipitaciones: los precios de los cultivos, los costes de producción, los anticuados sistemas de riego, el desequilibrio de fuerzas entre los pequeños productores y las grandes empresas distribuidoras, la firma de tratados internacionales como el CETA, la liberalización del mercado del azúcar, la falta de relevo generacional?
Durante los últimos días la noticia relacionada con el campo toresano ha sido el anuncio de Azucarera de aplicar un recorte de 6,5 euros en el precio de la tonelada de cara a la próxima campaña. Una rebaja del 20% respecto al precio anual recogido en el Acuerdo Marco Interprofesional (AMI) fijado en 42 euros hasta 2020. La medida ha sido justificada por parte de la multinacional debido a "la profunda caída de los precios del azúcar" como consecuencia a la liberalización ejecutada el pasado año en el mercado europeo, que ha conllevado una merma de casi un 30% en el precio de la tonelada de la azúcar. El anuncio ha producido reacciones inmediatas entre los agricultores, que han mostrado su malestar por obligarles a "cultivar a pérdida" e incluso desde sindicatos como UCCL han anunciado movilizaciones si Azucarera no recula. La propia consejera de Agricultura, Milagros Marcos, ha exigido a la empresa que mantenga el AMI, reprochando que haya tomado esta decisión de forma unilateral y recordando que cuando la industria tuvo beneficios no los repartió entre los productores de raíz.
Esta ostensible rebaja en el precio de la remolacha pone en riesgo el futuro del sector en Toro, que solo en la fábrica llega a emplear a 200 trabajadores de forma directa durante la época de recogida. Y es que la remolacha es cada vez menos rentable, tal y como corroboran los últimos datos de hectáreas sembradas: de los casi 9.200 hectáreas destinadas al cultivo de raíz en 2016, se ha pasado poco más de 7.000 en esta campaña. En 2015 Azucarera recogió en Toro casi 1 millón de toneladas, este año no se alcanzarán ni las 700.000 toneladas. Una tendencia que muestra que los agricultores de Toro ya no ven la remolacha como un producto tan rentable.
Pero no solo el campo encuentra dificultades en el cultivo de remolacha azucarera. Las comunidades de regantes, en las que muchos de sus miembros son productores de raíz, también se enfrentan a otros problemas a la hora de sacar rentabilidad a sus explotaciones. De un lado encontramos al canal de San José, enfrentado a la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) por su nueva política de dotaciones y que tanto le perjudica al ser una comunidad no modernizada (aunque en proceso de serlo). Su método de riego por inundación necesita más de 6.000 metros cúbicos por hectárea para obtener beneficios y si la dotación es inferior salirse de los cultivos cerealistas es una quimera.
Por otro lado está el canal Toro-Zamora, cuya estructura modernizada le ha permitido cumplimentar un buen año con la dotación aportada por CHD. No obstante, las instalaciones de riego le obligaron a contraer una importante deuda a 50 años vista. Asimismo, actualmente se está planteando recurrir a energías renovables para ahorrar costes y poder afrontar de forma más holgada campañas en las que la sequía haga acto de presencia.
Sin duda, la vitivinicultura es siempre la otra cara de la moneda cuando se habla del campo toresano. Este año las bodegas de la zona han cerrado la campaña de vendimia con 22,5 millones de kilos de uva recogida, un 43% más que en 2017 cuando la sequía lastró la recogida hasta los 15,7 millones de kilos. Sin embargo, el sector también se enfrenta a algunos problemas como es la paralización del convenio de la vid y la falta de jornaleros durante la última campaña. En el primer caso, los sindicatos que se encuentran actualmente negociando ese convenio (CCOO y UGT) han detallado que de no solucionarse con rapidez las industrias bodegueras se enfrentarían a un problema de "relevo generacional" al contar con una plantilla "muy envejecida".
