El alcalde de Murcia aparta a los funcionarios que no precintaron la sala Teatre

La investigación interna que ha iniciado el alcalde de Murcia, José Ballesta, para esclarecer todo lo ocurrido en el procedimiento administrativo relacionado con las discotecas de la zona de Atalayas ha puesto el cerco sobre los funcionarios que no precintaron la sala Teatre, a pesar de la orden de proceder a la ejecución forzosa del cierre que dio el entonces edil de Urbanismo, Andrés Guerrero. 

Ballesta ha ordenado que se aparte cautelarmente a los funcionarios que intervinieron en ese expediente relacionado con la sociedad Teatre Murcia S.L., iniciado en 2022. Esta medida cautelar estará vigente mientras se lleva a cabo la investigación que se inició el pasado lunes "para determinar con precisión los antecedentes, datos y circunstancias en el proceso administrativo", señalaron ayer fuentes municipales a través de un comunicado. 

Además, el equipo de Gobierno del PP ha encomendado al responsable de la instrucción que "recabe, con carácter prioritario y urgente, cuantos datos e informes sean convenientes o necesarios de los distintos servicios".

Testigos de la tragedia en Murcia declaran que vieron salir llamas de los conductos del aire acondicionado

Según fuentes municipales, estas actuaciones responden al compromiso manifestado el domingo pasado por el alcalde de Murcia, de llegar al total esclarecimiento de los hechos administrativos y depurar posibles responsabilidades. "Se van a aclarar las circunstancias, caiga quien caiga", llegó a decir en su momento José Ballesta.

No ha trascendido la identidad ni el número de inspectores que han sido apartados de sus funciones, pero sin duda incluye al inspector de actividades que contactó con el titular de Teatro, recabó cierta documentación técnica y no ejecutó la orden de precintar el local por razones que aún están por determinar. 

En el comunicado del Ayuntamiento se insiste en recordar que "en cuanto se conoció por la actual Corporación la situación, el alcalde de Murcia dio orden de personarse como acusación en las diligencias judiciales abiertas en el Juzgado de Instrucción Número 3 de Murcia, que instruye la causa del incendio en Atalayas".

De igual forma, José Ballesta ha ordenado revisar la situación administrativa "de todos los locales de ocio del municipio, así como comprobar el cumplimiento de las órdenes de cese de actividad".

Una de las preguntas que más se repiten sobre la actuación del Ayuntamiento con respecto a la actividad de las discotecas incendiadas es por qué no se procedió a la ejecución forzosa del precinto del establecimiento, tal y como ordenó el 11 de octubre de 2022, mediante comunicación interior, el entonces edil de Urbanismo, Andrés Guerrero. 

La discoteca Teatre comunicó que iba a pintar su fachada hace sólo un mes

Una práctica habitual

Según fuentes cercanas al área municipal de inspección, es práctica habitual no acometer el cierre de un local cuando éste ha puesto en marcha un proceso de regularización y ya ha aportado la documentación técnica requerida. 

Este fue el caso, precisamente, de Teatre. Tal y como ya informó este diario, el inspector de actividades respondió la orden de precinto del edil socialista asegurando que había "contactado" con el titular de la discoteca y que este aportó la "documentación técnica que les faltaba para la tramitación de la legalización. El inspector cerró su informe asegurando que daba parte de estos hechos «para sus efectos oportunos". Una información que, según Guerrero, no le llegó en ningún momento. A partir de este momento, el Consistorio murciano no ejecutó el precinto durante más de un año y permitió que las discotecas continuarán funcionando sin licencia.

La orden de cierre de Teatre, la discoteca incendiada en Murcia, se tramitó sin acudir al local

Los expedientes de cese de actividad y legalización nunca debieron mezclarse

El Ayuntamiento de Murcia aclaró ayer a La Opinión de Murcia, del grupo Prensa Ibérica, que los procedimientos de cierre y de legalización de un mismo local son absolutamente independientes y que no debieron mezclarse en el caso de la sala Teatre. 

Según fuentes municipales, "las órdenes de cese de actividad son de obligado cumplimiento, no hacerlo supone un delito de desobediencia a la autoridad tipificado en el Código Penal". 

Además, desde el Consistorio de la capital regional señalan que el cierre en este caso se debió llevar a cabo en cualquier circunstancia y "con independencia de cualquier otro proceso de legalización que esté abierto". Cabe recordar que en el caso de la discoteca Fonda, ni siquiera "existía administrativamente", según el edil de Urbanismo, Antonio Navarro.