Las instituciones deben garantizar la convivencia de la agricultura con el agua potable en los pueblos

"Más vale prevenir que lamentar", advierte el sabio refranero español. Un dicho popular que llama a sopesar las consecuencias que una situación indeseable pueda tener antes de que esta se produzca. En las instituciones que deben velar por los intereses de la Zamora rural, sin embargo, no ha calado. Si el año pasado fueron los devastadores fuegos de La Culebra, con un operativo antiincendios sin activar pese a las altas temperaturas de junio, esta vez es el agua contaminada. Casi medio centenar de pueblos de Sayago llevan quince días sin poder beber o cocinar con el abastecimiento que llega a sus casas. Los 47 municipios afectados suman un censo de 5.800 personas, una cifra que, en estos momentos y con la masiva llegada de veraneantes y familiares, eleva el total de la población a más de 20.000 personas.

La causa se veía venir: exceso de plaguicidas en el embalse de Almendra, del que localidades zamoranas y salmantinas se nutren mediante una red de abastecimiento. Estas sustancias provienen mayormente de la necesaria agricultura y ganadería tradicional. Salvo casos aislados de actuaciones negligentes, el sector hace lo que lleva haciendo toda la vida, pero el entorno ha cambiado. A la sobreexplotación de los acuíferos se une la pertinaz sequía que rebaja el agua embalsada, con lo cual aumenta el nivel de posibles sustancias tóxicas por cada metro cúbico.

La voz de alarma saltó primero en la provincia charra cuando el 20 de julio se declaró no apta para el consumo humano el agua de la Mancomunidad Cabeza de Horno, cuya toma del embalse sobre el río Tormes está separada por tan solo 30 metros de la de Sayagua. Para entonces ya todos los vecinos de la zona miraban de reojo a los grifos de sus viviendas. El 4 de agosto se confirmó lo que ya era un secreto a voces dada la proximidad de los puntos de suministro: Las muestras tomadas en el agua que llega del embalse eran positivas en plaguicidas, y desde ese momento quedaba totalmente prohibido su uso para el consumo y la alimentación de las personas. Todo un mazazo en el periodo de máxima efervescencia rural.

Nadie con autoridad competente tuvo en cuenta la nueva normativa europea que ha entrado en vigor este año en España, y que limita el nivel de plaguicidas que puede contener el agua que se consume. Las estaciones de tratamiento que existen repartidas a lo largo y ancho de la provincia para dar servicio a la población rural no están preparadas para corregir en su totalidad estos nuevos parámetros

Nadie con autoridad competente tuvo en cuenta la nueva normativa europea que ha entrado en vigor este año en España, y que limita el nivel de plaguicidas que puede contener el agua que se consume. Las estaciones de tratamiento que existen repartidas a lo largo y ancho de la provincia para dar servicio a la población rural no están preparadas para corregir en su totalidad estos nuevos parámetros. Como no se había previsto, comenzaron las lamentaciones y los responsables políticos se movilizaron de forma inmediata para mitigar el escándalo que supone dejar sin agua potable a casi una comarca de la provincia en la época del año con mayor número de visitantes por las personas que retornan a pasar unos días con sus familias y disfrutar de las fiestas patronales. De un rato para otro se instalaron siete potabilizadoras portátiles en los núcleos de mayor población y depósitos a modo de grandes aljibes (con hasta 3.000 litros de agua) en los demás para que los "paisanos" pudieran acudir a llenar las garrafas. Más avispados estuvieron en Fermoselle, donde no se esperó a los resultados del laboratorio para contratar camiones cisterna en Portugal e iniciar el reparto de agua entre la población. Y ello pese a que este municipio se ha librado al final de los contaminantes al contar con su propia red de captación, a pie de presa y, por lo tanto, con más volumen de agua. En el resto de localidades la tubería desde la potabilizadora de Carbellino, que toma suministro de Almendra, es de 250 kilómetros hasta llegar a todos los pueblos.

La solución que apuntan los expertos y que ofrece mayores garantías es añadir filtros permanentes de carbón activado en la potabilizadora principal para neutralizar así las sustancias que llegan de los campos de cultivo y ganaderías con las filtraciones hacia los acuíferos y, cuando llueve, de las escorrentías que las arrastran hacia los depósitos. Una actuación que, cómo no, necesita de importantes inversiones, para lo que ya se ha pedido ayuda tanto a la Junta como a la Diputación a fin de actuar de forma urgente y olvidar la triste estampa del reparto de agua con los aljibes y los camiones cisterna.

Mientras los planes se diseñan desde las instituciones, los zamoranos de la Mancomunidad de Sayagua siguen en vilo a la espera de que de forma oficial se levanten las restricciones, una vez que los últimos análisis acaban de dar negativo como también ha sucedido en la vecina Salamanca. Pese a las "buenas noticias", la delegada territorial de la Junta ha asegurado que la Administración regional sólo dará el visto bueno al abastecimiento cuando se analicen a fondo el interior de todos los depósitos para descartar la presencia del temido metolacloro, utilizado sobre todo como herbicida.

Los que sí alertaban de lo que finalmente ha sucedido han sido los miembros de Ecologistas en Acción, que denuncian que el "uso indiscriminado de plaguicidas podría estar poniendo en riesgo la salud" de los pueblos de Sayago. Por ello solicitan, entre otras cosas, la prohibición del glifosato y que se aplique de forma estricta la nueva normativa europea sobre agua potable que conlleva un mayor control de los plaguicidas y pesticidas. Acumulados en las aguas, estos tóxicos ponen en peligro a animales y vegetales acuáticos, y en riesgo a las personas ya que, en dosis elevadas, pueden ser cancerígenos. Desde el sector agrícola y ganadero se insta a sus integrantes a cumplir de forma estricta la normativa que establece una distancia mínima de cinco metros respecto a cualquier masa de agua que debe respetarse al aplicar algún tipo de fitosanitario, bien sean herbicidas funguicidas o plaguicidas.

Ha llegado el momento de que los camiones cisterna pasen a la historia de una provincia ya acostumbrada a la escasez de agua potable durante el verano. Las instituciones tienen el deber y la obligación de velar por la agricultura y la ganadería que a duras penas se mantienen como motor de desarrollo de la provincia y, al mismo tiempo, garantizar la convivencia de la actividad del sector con el correcto suministro de agua potable en todos los pueblos de la geografía zamorana, hasta en el más pequeño.

El problema, como las soluciones, están sobre la mesa y el tiempo corre.

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