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Editorial azul

El protocolo antiabortos de Vox eclipsa las graves carencias de la sanidad en Castilla y León

El vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo (d), y el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (i), en la sede de Las Cortes. EP

El año 2023 ha comenzado como terminó 2022 en la provincia, con las manifestaciones de los vecinos de Tábara o Bermillo saliendo a la calle para exigir que se abran los consultorios médicos cerrados en el ámbito rural y una mejor atención sobre todo a las personas mayores, a veces con problemas de movilidad e incapaces de “lidiar” con las dificultades de conseguir una cita previa por Internet o teléfono. Pero la sorpresa ha sido el adelanto de los movimientos electorales con epicentro en Castilla y León. El anuncio del vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, de la implantación de un protocolo antiabortos para las mujeres que quieran interrumpir su gestación ha levantado una guerra política, social y mediática que eclipsa las graves carencias de la sanidad en Zamora y en el resto de la región. Mientras el PP de Feijóo intenta desmarcarse de lo que se cuece en el Gobierno regional que preside Mañueco para evitar el desgaste que ello supone, los socialistas ponen sobre la mesa la posibilidad de que los populares mantengan la presidencia de la Junta si aceptan prescindir del partido de extrema derecha y establecer así un cordón sanitario: un “caramelo” difícil de digerir con un PP nacional que trata de poner cada vez más distancia con Castilla y León.

La última “ocurrencia” del vicepresidente García -Gallardo, quien reconoce saber “más bien poco de embarazos”, es lo que es: una provocación más para desmarcarse del PP y establecer su propia hoja de ruta. No en vano, en las coaliciones es el partido minoritario el que estadísticamente pierde más votos a medida que discurre la legislatura o mandato. Gallardo, sin competencias específicas en el Gobierno regional, cumple exclusivamente un papel político con las consignas de Abascal. Desde el pasado domingo, cuando el Gobierno de Sánchez amenazó con llevar el protocolo antiabortos al Constitucional al tiempo que ordenaba su paralización, el cruce de declaraciones contradictorias no ha cesado. El vicepresidente no solo mantiene lo dicho y firmado en una nota oficial de la Consejería de Sanidad (en manos del PP), sino que reta a Pedro Sánchez e, indirectamente, al propio Mañueco: “Nosotros no les tememos y no daremos ni un paso atrás”, asegura sobre el polémico protocolo que él incluye entre las propuestas de fomento de natalidad pactadas al inicio de la legislatura con el PP. Cada día un nuevo paso en esta partida de ajedrez, desde el requerimiento del Gobierno a Castilla y León hasta el pulso de los populares para que Sánchez intervenga la comunidad autónoma mediante el artículo 155.

Desde el colectivo médico se califican de “disparate” las medidas antiabortos y se apela a un código deontológico que solo tiene en cuenta “la buena praxis, la ciencia y al paciente”, afirma el presidente estatal del sindicato médico, Tomás Toranzo. Muchos de estos mismos profesionales sanitarios consideran un grave error vincular natalidad con aborto, y más aún tratar de “tutelar”, como si no estuvieran capacitadas, a las mujeres que han decidido interrumpir su gestación con propuestas como que escuchen el latido de su feto con ocho semanas (cuando aún es un embrión) o se hagan ecografías en 4D para que puedan ver la forma que tiene. Un debate que debería estar ya superado, y que se produce mientras en la Alta Sanabria residen pacientes obligados a desplazarse decenas de kilómetros para recibir atención médica, mientras hay zamoranos que tienen que esperar hasta 95 días para conseguir una consulta externa con un especialista, o quien tarda 91 días en ser operado en Traumatología.

El cometido de un político no es establecer de forma unilateral protocolos médicos, algo que debe estar solo en la mano de especialistas y científicos, sino dotar de recursos a la sanidad siempre en beneficio de los castellanoleoneses.

En la provincia se contabilizaron el pasado año 158 los abortos voluntarios. Siete de cada diez mujeres lo hicieron antes de la octava semana y de acuerdo con su pareja. En cuanto al perfil, la mayor parte son embarazadas de entre 25 y 35 años, que antes de tomar la decisión indudablemente habrán valorado su situación personal, económica o afectiva. Resulta bochornoso que, incapaz de modificar la consolidada ley del aborto, Vox pretenda chantajear a las que, en libertad y de acuerdo a la legislación, optan por interrumpir la gestación. Médicos, matronas, ginecólogos y psicólogos ya se han rebelado. Nadie, insisten, puede obligarles a aplicar el ya llamado “protocolo fantasma” que existe para Vox y para el PSOE, mientras el PP reniega de él. Un disparate desde el punto de vista ético y moral, y que incumpliría de forma flagrante la legislación.

Si el objetivo de Vox era marcar el primer mes del año electoral lo ha conseguido. Todo el foco está ahora en Castilla y León, con el único Ejecutivo autonómico en el que el PP gobierna con los de Abascal. Salvo alguna perla de García-Gallardo, como cuando espetó que la hipersexualización “hace un flaco favor” al problema demográfico porque “la banalización del sexo lleva a que sea un fin en sí mismo, olvidando que su finalidad es la de la procreación”, y hace “dedicar la existencia a satisfacer sus deseos sexuales” en lugar de a la familia, en los primeros diez meses de coalición no hubo sobresaltos en la Junta. Los tres consejeros de Vox, con competencias en Cultura y Turismo, Agricultura e Industria y Empleo, desarrollaron su labor con un perfil moderado que alivió a un “tocado” Mañueco tras tener que pactar con la extrema derecha poco antes de que Feijóo se convirtiera oficialmente en el presidente nacional del PP. Un experimento para Vox y una encrucijada para Génova, desde donde se perfilaba una campaña electoral claramente enfocada a marcar distancia mediante fichajes como los del nuevo coordinador de campaña, Borja Sémper, uno de los primeros en dejar el barco por discrepancias con el ala más dura del PP, como Cayetana Álvarez de Toledo en la portavocía del Congreso de los Diputados.

Se antoja complejo saber qué consecuencias políticas tendrá el protocolo antiabortos más allá del cruce de amenazas y acusaciones entre los partidos y la posibilidad de una ruptura del pacto PP-Vox en Castilla y León, algo que por ahora parece descartado. Lo que resulta una realidad es que a día de hoy el colectivo sanitario está en pie de guerra y que el Ejecutivo central va a poner todo su empeño en enterrar la propuesta de Gallardo. Desde el punto de vista social los colectivos feministas ya han elevado la voz con concentraciones en defensa del derecho al aborto “libre, seguro y gratuito”. Los zamoranos de esa España Vaciada, los que viven en pueblos con apenas un puñado de vecinos, languidecen a la misma velocidad que los servicios sanitarios. Esos que la clase política es incapaz de recuperar.

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