Derecho a vivir en el sitio libremente elegido es uno los principios de justicia social más reivindicados en la cumbre organizada el pasado miércoles por LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA y el grupo editorial Prensa Ibérica y Zeta, al que pertenece este periódico, bajo el título de "Razones para quedarnos. Estrategias frente a la España despoblada", avalado por una nutrida participación de expertos y con el respaldo de agentes sociales e instituciones públicas, que debatieron y propiciaron un encuentro inédito en la provincia, destinado a ser semilla de esperanza. Hoy, esos derechos se ven violentados por una realidad obstinada que se traduce en falta de oportunidades que tomaron forma en algunos de los testimonios más desgarradores de la jornada, como el colectivo de jóvenes en la diáspora.

El problema, tal y como quedó expuesto, es complejo, con numerosas variables y, por tanto, las soluciones a aplicar tendrán que ser múltiples, pero con algo en común: la coordinación de todos los implicados. Para hacer realidad esa apuesta decidida del Gobierno de España de "avanzar sin dejar a nadie atrás", tal y como expresó la vicepresidenta del Gobierno y ministra para el Reto Demográfico, Teresa Ribera, será necesario reordenar servicios de forma equilibrada, para que nadie, viva donde viva, se vea privado de atenciones básicas. En muchos casos se requerirá el entendimiento entre municipios a través de la creación de mancomunidades que hagan frente a una parte de ellos.

Ese es el reto de la reordenación del territorio que, tras años de debate, aún está pendiente de realizar porque ninguna Administración, del signo político que sea, puede hacerlo sin una base de acuerdo de los habitantes de cada zona. Y en una tierra donde lo que ha primado es el caciquismo, el individualismo recalcitrante y la identificación del otro como su enemigo antes que su aliado, sentar bases para el diálogo se antoja difícil. Así que, hasta ahora, los gobernantes se han contentado con la teoría y los parches antes que arriesgarse a perder votos. A estas alturas, ya vemos que eso no nos ha llevado a ninguna parte. Y no se trata de actuar a golpe de decreto, porque eso sería también vulnerar los mismos derechos esenciales de una población, sobre todo la rural, que ha sufrido en sus carnes los efectos del abandono por el efecto centrífugo de las grandes ciudades y del debilitamiento económico por una reconversión del campo brutal y sin contrapartidas ni planificación.

Es obligación de cada instancia gubernativa actuar en beneficio de quienes los designaron a través de las urnas y, por tanto, ser los primeros en mover ficha para alcanzar la senda del acuerdo, porque si la tónica del enfrentamiento político continúa elevando la temperatura, difícilmente se romperá la tónica inmovilista que amarra a sociedades como la zamorana. Hay agentes que han mostrado su disposición a construir y a romper estereotipos, que alzan la voz y reclaman el compromiso político que en provincias como Zamora es de una urgencia perentoria: la sangría poblacional sigue imparable y no podemos seguir permitiendo que haya 2.000 habitantes menos cada año que se renueva el padrón.

Mientras otras provincias, aquejadas de la misma enfermedad crónica, parecen frenar la tendencia, en Zamora la situación se agrava a cada estadística que se hace pública. Este mismo jueves se conocía la cifra histórica más baja de nacimientos, menos de 800. Pura lógica si se tiene en cuenta que son las mujeres las primeras en abandonar la provincia. Así, no hay tasa de natalidad que resista.

La ministra no comprometió nada concreto sobre el proyecto de Monte la Reina. Pero tampoco lo eludió cuando hizo suyo el titular de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA que recogía la evaluación del coste de preparación de los terrenos del antiguo campamento militar. Su reapertura, que propiciaría la llegada de cientos de familias a la provincia, fue reivindicada con coraje y valentía por parte del director general de Caja Rural de Zamora, conocedor por experiencia propia de la situación desesperada en la que se mueven los estándares socioeconómicos provinciales. El primer paso de esta importante operación queda en el tejado del Gobierno: habilitar partida significativa, que no simbólica, en los próximos Presupuestos Generales del Estado. Así habrá cumplido el compromiso adquirido con sus electores y demostrará que, realmente, no habrá más trato discriminatorio. Sería un buen primer paso para no dejar a nadie atrás.

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco señaló hacia la financiación autonómica, en suspenso indefinido, y hacia la UE para reclamar las inversiones necesarias que se traduzcan en la creación de empleo y el consiguiente crecimiento económico. Si Europa, en palabras del representante de la oficina de la Comisión Europea en España, Juan Luis Ballesteros, "se ha puesto las pilas" de verdad en lo que a despoblación se refiere también tendrá que demostrarlo mediante la habilitación de presupuestos específicos. Luego, lo que nunca más debe ocurrir en nombre del equilibrio territorial que propugnan los responsables políticos, es que esos fondos no beneficien mayoritariamente a los territorios en peor situación. Al igual que deben hacerlo los programas ya existentes cuyas nuevas anualidades se han puesto en marcha. Interreg debe favorecer a las provincias fronterizas como Zamora, pura lógica si no fuera por la sorpresa que suponen algunos de los proyectos que se han financiado hasta ahora.

La brecha abierta entre las provincias despobladas y el resto del país no podrá cerrar las autovías ni trenes de velocidad si no se tiene acceso a las nuevas tecnologías que ya son el presente en las grandes urbes, pero que en Zamora tiene a media provincia a la sombra, en todos los sentidos. Ya es triste que se reivindique la llegada de Internet de banda ancha cuando se pregona la llegada del 5G, pero tener que oír de boca de un presidente de Comunidad Autónoma que los habitantes de sus pueblos tengan derecho a ver la televisión en emisión digital, en 2020, mientras nos sobrevuelan los drones, hace crujir las bases más elementales de ese principio de igualdad que recoge la Constitución. Así se constata la existencia intolerable de la España a dos velocidades contra la que clamó en su discurso el presidente de Prensa Ibérica, Javier Moll.

Tecnología sí, y luego, podremos con tranquilidad subirnos al AVE o recorrer la autovía. Pero en dirección de vuelta, como ciudadanos de pleno derecho. La España de las oportunidades tiene que ser eso. Y para ello se necesita también la fuerza de la sociedad civil, afortunadamente cada vez más concienciada del problema, clave para aportar soluciones. Si somos capaces de albergar a una de las cooperativas punteras por facturación y tecnología, si la industria agroalimentaria acaba de cerrar su mejor año en exportaciones, si 8 de cada 9 de los titulados de FP encuentran trabajo sin necesidad de abandonar Zamora, hay razones para la esperanza. Debemos avanzar en esa búsqueda común y encontraremos razones para quedarnos.