La Consejería de Educación parece decidida a adoptar medidas para diseñar lo que el propio consejero del ramo, Fernando Rey, ha tildado como un "mapa inteligente" de las titulaciones que se imparten en la actualidad. Un mapa que dibuje a partes iguales el idealismo y el realismo que debe imperar a la hora de alcanzar un pacto universitario global, donde prime el bien común sobre los localismos y los intereses de parte.
Todos los esfuerzos encaminados a esa racionalización del número de grados son acertados, porque no es de recibo ni la incoherente duplicidad de algunos títulos ni la mínima conexión que plantean otros en cuanto al futuro laboral de los estudiantes. Un dato revelador lo aporta el hecho de que de los 298 grados universitarios que hay en Castilla y León, en torno a 60 cuentan con menos de 35 alumnos de nuevo ingreso en los tres últimos cursos; incluso, muchos de esos, con menos de diez. Todo un despropósito.
La Junta se ha puesto manos a la obra y elaborará un informe exhaustivo en los próximos meses para lo que contará con la opinión de las propias universidades, de los entes locales, de la Administración competente y de los agentes sociales. O lo que es lo mismo, dará voz a los cuatro puntos cardinales que influyen de manera decisiva en la competitividad y sostenibilidad de los estudios universitarios. Me agrada especialmente también esa apuesta de las autoridades educativas por dotar a las universidades de una hoja de ruta que huya de la oferta indiscriminada y del atávico recelo por ver qué campus propone más grados sin mirar los opciones reales de inserción laboral de los jóvenes y los parámetros de calidad docente e investigadora de la institución.
Se trata, por tanto, de rentabilizar mejor una inversión pública esencial, estableciendo criterios razonables por encima de unas pautas que, por lo visto hasta ahora, tienen que ver más con el idealismo que con la propia realidad. Por ello, bienvenida sea la búsqueda de equilibrio para no desestabilizar lo primordial que tenemos: la educación.
