España ha batido un lamentable récord: tiene 5.273.600 parados, de los que 201.000 están en Castilla y León. La tasa de paro española es de 22,8%, y la de Castilla y León del 17,16 por ciento (1,38 puntos más que hace un año y 1,08 más que en el trimestre anterior). Desde que aparecieron los primeros síntomas de la crisis, en el segundo semestre de 2007, el país ha perdido 2,7 millones de empleos, pero esto no acaba aquí. Según las últimas previsiones del Banco de España, la hemorragia va a continuar al menos hasta bien avanzado 2013, y se perderán, según el organismo regulador, otros 600.000 empleos. El Gobierno anunció el pasado viernes, tras conocerse los datos de la encuesta de población activa (EPA) que se van a acelerar las reformas, fundamentalmente la del sistema financiero y la laboral. La primera, para permitir, entre otras cosas, que empiece a fluir el crédito. La segunda, para modernizar el mercado laboral, pero en este caso las contradictorias declaraciones de los ministros no despejan el horizonte.

Luis de Guindos, titular de Economía y Competitividad, apuesta por fórmulas que la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) lleva defendiendo desde el inicio de la crisis, entre ellas, el contrato único, los convenios de empresa frente a los de sectores y un cambio rotundo en las políticas activas de empleo, acabando con los «abusos» en las prestaciones y ligándolas a la formación. Sin embargo, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, y el responsable de Hacienda, Cristóbal Montoro, ya han rechazado algunas de estas fórmulas, como el contrato único. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, ha insistido en que la reforma será «profunda», pero sin arrojar luz.

Florentino Felgueroso, profesor de Economía de la Universidad de Oviedo, miembro de FEDEA y uno de los autores del documento «Diez principios fundamentales para lograr una reforma laboral eficaz y justa», advirtió ayer de que «el pacto alcanzado entre patronal y sindicatos es claramente insuficiente. Es necesario legislar, porque no hacerlo supondrá dejar las cosas como están en función de las conveniencias de los que más privilegios tienen». Estas palabras resumen los dos primeros puntos del documento. Los demás se concentran en ideas clave: la protección por desempleo y las políticas activas de empleo, la negociación colectiva y la contratación laboral.

Los dos primeros apartados son muy preocupantes de cara al futuro. «La mitad de los desempleados son de larga duración -más de un año en el paro-. El riesgo es que se conviertan en "desactivos", es decir, que ante la falta de perspectivas no se formen ni busquen empleo. Las consecuencias serían nefastas, porque hay sectores que ya no van a volver a ser los que eran, algunos incluso pueden desaparecer, y no tendremos trabajadores formados para los nuevos empleos y necesidades. Y las personas que no se hayan reciclado ni formado pasarán al final de la lista para su colocación», explicó Felgueroso.

El paro juvenil ocupa una atención especial en este apartado. Los más cualificados están cruzando las fronteras porque o no encuentran trabajo o están muy precarizados, pero España tiene a más de dos millones de jóvenes menores de 30 años que abandonaron los estudios a edad temprana, y de ellos el 52,2% está en paro.

«Hay muchos parados que no tienen una formación genérica suficiente que les permita pasar a otros sectores. Son estos, los más desfavorecidos, los que necesitan una atención especial y formación, y sólo la está recibiendo el 10% de ellos. Hay que incentivar a estos colectivos. No se puede estar cobrando una prestación y esperando mano sobre mano, porque eso tiene consecuencias muy perniciosas para el desempleado y para el conjunto de la sociedad», explicó Felgueroso. FEDEA propone vincular las prestaciones por desempleo a la formación y a la búsqueda activa de empleo. «El incumplimiento de estos requisitos debe conllevar la retirada parcial o total de las prestaciones», sentencia la Fundación.

También se proponen incentivos para aquellas empresas que apuesten por la contratación indefinida, y castigos para las que continuamente «abusan del sistema», despiden y cambian de trabajadores. «Todas pagan lo mismo, y los que abusan deben tener algún tipo de sanción», incidió el profesor. Todo esto conllevaría un enorme esfuerzo para modificar la gestión de las prestaciones y de la formación y coordinar los recursos existentes y los agentes que se encarguen de estas áreas.

Otro aspecto que ha levantado controversia es la fórmula del contrato único, que sustituya a las 40 modalidades que existen en la actualidad. La indemnización aumentaría con el paso del tiempo hasta un máximo de 33 días por año. «No se trata de abaratar el despido, sino de distribuir mejor las indemnizaciones», afirmó Felgueroso. «Los que tengan derechos adquiridos seguirán como están, pero permitirán que los demás no estén tan desprotegidos como ahora. Para los empresarios los contratos temporales son su mejor fórmula para ajustar plantillas, porque les sale muy barato, y eso perjudica al conjunto de la economía», sentenció.

FEDEA mantiene que las grandes empresas y sus trabajadores rechazan una reforma laboral profunda porque temen perder sus privilegios, «pero camino de seis millones de parados no valen medias tintas ni se puede aplazar la solución por más tiempo», insistió Felgueroso.