PP y Vox rechazan en las Cortes de Castilla y León las propuestas del PSOE sobre el aborto

Los grupos parlamentarios del PP y de Vox han rechazado este miércoles una serie de iniciativas sobre el ejercicio del derecho al aborto en Castilla y León, planteadas por el Grupo Socialista, que ha demandado entre otras cuestiones que las medidas de atención a las embarazadas acordadas por Vox y la Consejería de Sanidad (PP) no sean aplicadas.

Esta cuestión estaba plasmada en el primero de los puntos de la proposición no de ley defendida por la procuradora socialista Nuria Rubio: "No aplicar ninguna medida y/o protocolo dirigido a orientar, condicionar o coaccionar a las mujeres que hayan decidido libremente interrumpir voluntariamente el embarazo", ante lo que el PP ha pedido votación separada del resto de puntos, ante los que han manifestado su rechazo.

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Esta demanda, en principio para votar a favor de ese punto concreto, ha sido planteada por el portavoz adjunto del PP, Ángel Ibáñez, pero no ha sido atendida por el PSOE, al igual que una enmienda posterior en la que los populares defendían garantizar el libre ejercicio al aborto y pedían a la Junta "especialmente velar por evitar que la solicitante sea destinataria de prácticas que pretendan alterar (...) la formación de la voluntad sobre la interrupción o no de su embarazo".

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Este debate ha agrupado los votos mayoritarios del PP y Vox, contrarios al texto del PSOE, mientras que el resto de los grupos de la oposición -UPL, Soria Ya, Unidas Podemos, Ciudadanos y Por Ávila– han respaldado el texto socialista, que además de evitar las medidas antiabortistas anunciadas por la Junta pedía que en tres meses se incorpore a la cartera de servicios de todos los hospitales lo previsto en la nueva ley, incluido lo previsto para la elaboración de registros de médicos objetores de conciencia a título individual.

Nuria Rubio ha incidido en que el PP ha utilizado a las mujeres de esta comunidad como "moneda de cambio" para que Alfonso Fernández Mañueco siga de presidente tras su acuerdo con Vox, mientras que ha aplaudido la reforma de la Ley del Aborto que hoy aprueba el Senado, al considerar que resulta "humillante" que las mujeres tengan 72 horas para "pensárselo mejor" cuando ya han decidido abortar y que las menores tengan que tener autorización de sus dos progenitores.

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En la réplica de los partidos que han rechazado esta iniciativa, el popular Ángel Ibáñez ha acusado a los socialistas de tratar de "estirar el chicle" de la polémica por las medidas anunciadas por el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo (Vox), y ha comparado la situación a cuando un niño tiene pesadillas y cree que hay "monstruos en el armario": "Los monstruos en el armario solo están en su cabeza", ha insistido.

Ibáñez ha defendido que en Castilla y León la Junta garantiza el ejercicio del derecho al aborto y ha pedido al PSOE que aporte el caso de "una sola mujer coaccionada o condicionada" a la hora de tomar esa decisión, tras lo que ha visto un "interés espurio" en los argumentos socialistas.

La demografía, en el punto de mira entre populares y socialistas

El pleno de las Cortes rechazó ayer, con los votos en contra de PP y Vox, la moción socialista en materia demográfica sobre la que el socialista José Luis Vázquez y el popular David Fernández coincidieron en que es un problema esencial de Castilla y León, pero el segundo consideró que se plantea solo para “el desgaste político” de la Junta y el primero advirtió que “lo llevarán en su conciencia”. En la presentación de la moción, José Luis Vázquez recordó que conforme al Estatuto de Autonomía la Junta tiene la responsabilidad de tomar medidas contra la despoblación y evidenció “el fracaso” cuando se han perdido 160.000 habitantes en una década. Además, calificó de “inútil” al Ejecutivo por desactivar el diálogo social. En la moción, se planteó convocar mensualmente el Consejo de Dinamización Demográfica de Castilla y León, implantar una fiscalidad diferenciada, remitir a las Cortes los proyectos de ley de Evaluación de Políticas Públicas y de Dinamización Demográfica en Castilla y León e incorporar un informe de evaluación de impacto demográfico en todos los procedimientos normativos y en los presupuestos. Por parte del PP, David Fernández abogó por el consenso y pidió que no se utilice “de modo torticero” para “desgastar” a la Junta y rechazó que todo lo del Gobierno sea bueno y malo lo del Ejecutivo autonómico. Así, descartó “atascar” la administración con más informes y añadió que la solución no es aprobar una ley.