La Junta de Castilla y León, un año antes de lo acordado a escala nacional, volverá a reducir las tasas universitarias para las primeras matrículas en grados y máster (habilitante y no habilitante) a partir del próximo curso 2021/2022, según el decreto aprobado ayer jueves por el Consejo de Gobierno.
La primera inscripción de un grado costará un 2,68% menos, unos 37 euros, hasta alcanzar los niveles del curso 2011/2012, lo que supondrá un desembolso para las arcas autonómicas de 1,1 millones en concepto de compensación a las universidades, ha explicado la consejera de Educación, Rocío Lucas.
Para los másteres habilitantes, obligatorios para ejercer una determinada profesión, la reducción en primera matrícula será de un 27,81% respecto al curso precedente, en torno a 484 euros, mientras que el ahorro en los no habilitantes será de 430, un 18,12%.
En estos dos casos, la cantidad invertida por la Junta de Castilla y León para compensar a las universidades suma 1,8 millones, ha añadido la consejera durante la rueda de prensa posterior a la celebración del Consejo de Gobierno.
Al catálogo de exenciones del pago de estas tasas en primera matrícula, por una sola vez, se ha incorporado a los huérfanos de las mujeres asesinadas por violencia de género, junto a las matrículas de honor y premios extraordinarios de Bachillerato o de Formación Profesional de Grado Superior, a las familias numerosas, discapacitados o víctimas de actos terroristas.
Lucas cree un “error” rebajar exigencias para frenar el fracaso escolar
La consejera de Educación, Rocío Lucas, señaló ayer que le parece “un error” que la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE), apodada Ley Celaá, “intente solucionar el problema del fracaso escolar bajando las exigencias del sistema educativo, porque eso perjudica la calidad del mismo”. “Ya la propia LOMLOE establece que se pueda obtener el título de Bachillerato con una asignatura suspensa si se dan ciertas condiciones”, explicó Lucas, quien considera “todavía más grave” lo que aparece en ese borrador del decreto ley que espera que mejore con las aportaciones tanto de Castilla y León como de otras comunidades, “porque abre la opción a que haya mayor diferencia de titulaciones en el ámbito de secundaria de lo que ya existe y a que vaya empeorando la calidad del sistema”.
“Creo que es necesario hacer caso a las recomendaciones científicas y a los informes de la OCDE”, afirmó, “porque nos dicen qué camino tenemos que seguir: el de los refuerzos y compensación, atender a cada alumno con las características y necesidades formativas que demande y no bajar la exigencia del sistema para que todo el mundo titule”, ha aseverado Lucas. Por tanto, espera que “se haga caso” a las aportaciones de las comunidades autónomas, que están revisando y analizando el borrador pero, en todo caso, incidió en que le parece “un error que se rebaje la calidad del sistema educativo”, según declaraciones recogidas por Europa Press.
El número de alumnos por aula se reducirá
La consejera de Educación, Rocío Lucas, apostó ayer por reducir “progresivamente” el número de alumnos por aulas pero aseguró que la ratio de 15 estudiantes que solicitó el sindicato CSIF es un “imaginario”. No en vano, precisó que la ratio de alumnos por aula en el curso que ahora finaliza, que está afectado por la pandemia del COVID, no está en 15. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Lucas reiteró que los desdobles de las clases para mantener la distancia de 1,5 metros entre estudiantes vienen condicionados por el tamaño de las aulas, por lo que fluctúan mucho.
En concreto, habló de que los grupos burbujas de Infantil son entre 22 y 23 alumnos, que puede llegar como máximo a 25, pero, en ningún caso, se llega a 15. Preguntada por la posibilidad de aprovechar la actual situación para reducir las ratios de alumnos por profesor y aula, la consejera apostó por ir “curso a curso”. Aseguró, según recogió Ical, que la prioridad de la Junta para el próximo curso es que sea igual de seguro que el de 2020-2021.
