El Gobierno vasco pide formalmente por razones de «justicia histórica» sus documentos a Salamanca

Vitoria.- El Gobierno vasco solicitará en los próximos días de forma oficial al Ministerio de Cultura la devolución de los documentos históricos referentes al Gobierno Vasco presidido por el lehendakari José Antonio Agirre que se encuentran en el Archivo de Salamanca. Y lo hará, según explicó su portavoz Miren Azkarate, por «razones de justicia histórica y de oportunidad política».

Azkarate informó ayer en rueda de prensa del acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno de pedir formalmente al Ejecutivo de Zapatero la devolución de la documentación que fue incautada en plena contienda civil como «botín de guerra» por las tropas franquistas. Y es que, a juicio del gabinete de Ibarretxe, no hay razones para devolver a la Generalitat de Cataluña los denominados "papeles de Salamanca" y no hacerlo al País Vasco.

El acuerdo defiende con firmeza la legitimidad democrática y política del Gobierno de Agirre y critica con dureza a la ministra de Cultura, Carmen Calvo, por cuestionar la legitimidad del mencionado Ejecutivo. Calvo dijo el pasado miércoles en el Senado que la Generalitat de Cataluña fue el único gobierno autonómico que existió antes del comienzo de la Guerra Civil española. El texto aprobado ayer por el Gobierno vasco juzga «inaceptables» las declaraciones de la ministra y considera «curioso» que ponga en duda la legitimidad de un gobierno de concentración que integraron, además de miembros del PNV, consejeros del PSOE y otros partidos como Izquierda Republicana, Acción Nacionalista Vasca y Partido Comunista de Euskadi.

«De lo que se puede deducir que hace suya la interpretación de la legitimidad del dictador Franco para quien, desde el 18 de julio de 1936, la única legitimidad era la del gobierno sublevado. El Gobierno vasco se constituyó después de la sublevación -añade el acuerdo-, pero gobernó la parte no ocupada de este país hasta junio de 1937 y pasó posteriormente al exilio».

Asimismo, el Gobierno vasco asegura que Madrid reconoció ya hace mucho que la propiedad de estos documentos originales era de las instituciones autonómicas y sostiene que, fruto de ese reconocimiento, se suscribieron entre 1985 y 1991 convenios con el Ministerio de Cultura para identificar, describir y copiar en microfilm todos los expedientes y papeles oficiales incautados al Gobierno de Agirre.