La Junta ha destinado a alquiler social dos de 88 viviendas en los últimos cinco años en Benavente
Bienestar Social pide la cesión de un par de inmuebles para atender casos de urgente necesidad y un servicio de inspección de las edificaciones
Barrio de las Malvinas, donde la Junta es propietaria de las únicas dos viviendas concedidas en alquiler social. / J. A. G.
J. A. G.
La Junta de Castilla y León es titular en Benavente de 99 inmuebles, de los que 11 están fuera de ordenación y 88 estarían disponibles para incluirlos en el mercado del alquiler social. De estas 88 viviendas se estima que el 18% son directamente habitables.
Son datos de la Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Benavente que en 2018 firmó un convenio de colaboración con la Consejería de Fomento y con la Gerencia Regional de Servicios Sociales para coordinar la gestión del parque público de viviendas de la Junta. El cometido de la Concejalía es identificar familias en situación de necesidad, evaluarlas y proponer un listado para ocupar viviendas disponibles en alquiler.
Aunque en 2018 el Ayuntamiento planteó una cláusula al convenio que permitiera la cesión de dos viviendas para casos de urgente necesidad, la Junta no la aceptó.
Tres cartas
El pasado 14 de marzo, la administración local benaventana firmó la prórroga por dos años del convenio de colaboración. Así se lo ha recordado la Concejalía de Bienestar Social en tres cartas diferentes a la Gerencia de Servicios Sociales, a la Dirección General de Vivienda y Urbanismo, y a la Delegación Territorial de la Junta en Zamora. En estos cinco años, sin embargo, de esas 88 viviendas disponibles, solo se han asignado dos en alquiler social.
"Desde la firma inicial del convenio en julio de 2018 hasta la firma de la prórroga el pasado mes de marzo, han transcurrido 56 meses durante este periodo tan sólo se han adjudicado dos viviendas. En concreto en reunión de la Mesa de Seguimiento de fecha 29 de septiembre de 2021 en la que el Ayuntamiento de Benavente aportó una relación de 20 familias previamente valoradas y propuestas como solicitantes de vivienda de alquiler", indica la misiva.
Bienestar Social sostiene que esas 88 viviendas, cuya titularidad catastral pertenece a la Junta de Castilla y León, están deshabitadas, situación que se constata con diferentes pruebas. Por un lado, hay un número importante de estas viviendas que están sin dar alta en el contador de agua o sin consumo durante tiempo prolongado.
También es importante el número de viviendas en las que no consta en el Padrón Municipal de habitantes la inscripción de persona alguna. Por último, son frecuentes los testimonios de vecinos e informes de la Policía Local que indican que estas viviendas se encuentran vacías.
A la luz de esta situación, la Concejalía de Bienestar Social ha pedido a la Junta de Castilla y León la puesta en funcionamiento de un servicio de inspección del parque de viviendas de titularidad regional en Benavente que permita poner a disposición de la Mesa de Seguimiento del convenio, y con carácter de urgencia, todas las viviendas susceptibles de ser propuestas para alquiler social.
Los datos estimativos de la Concejalía apuntan que al menos el 18% de estos inmuebles estarían listos ya para ser habitados con un alquiler social resolviendo el problema de la veintena de familias que se encuentran a la espera de tener una residencia asequible.
En segundo lugar, insiste en reitera la petición de concesión al Ayuntamiento de la gestión de dos viviendas para su adjudicación temporal a familias en situación de grave necesidad, entre tanto la Junta pueda adjudicar una vivienda en régimen de alquiler social.
Antonio Vega, concejal de Bienestar Social, señala como caso de extrema gravedad el de una mujer de 56 años, madre soltera de cinco hijos, que lleva medio año esperando una solución a su problema tras lograr superar una dependencia. En la actualidad convive con su madre y una hermana discapacitada, pero su progenitora quiere que se vaya. Tras pasar de recibir una renta activa de inserción a la renta garantizada de ciudadanía, en la actualidad solo percibe el ingreso mínimo vital. "Esta mujer ha superado numerosos problemas para dejar atrás su dependencia y ha logrado insertarse, pero hoy por hoy no tiene hogar en el que residir y podría recaer", explica Vega. La Concejalía aportó a la Junta los datos de una vivienda de titularidad regional vacía y pidió su cesión. "Llamo una vez cada semana desde hace meses y la respuesta es siempre la misma: los servicios jurídicos lo están estudiando. Lo llevan haciendo seis meses. Al final dejan al Ayuntamiento en estado de indefensión y obligan a emplear recursos municipales para resolver un caso urgente siendo suya la competencia", describe y lamenta Vega.
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