El arquitecto e impulsor de la demanda contra el Edificio Villalar hace 16 años, Román Ávila, ha celebrado el contenido y el fallo de la sentencia dictada por Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y ha calificado de "sinsentido" que la comunidad de propietarios, "invitados ahora como espectadores", se opusieran a un acuerdo que evita la demolición del inmueble.
"Era justo lo que han pedido todo el tiempo y de repente lo quieren tirar para sacar una indemnización. Que estén dispuestos al derribo del edificio, perfectamente válido, por lucro, es un disparate insólito".
Ávila ha cargado también contra la oposición al equipo de Gobierno actual del Partido Popular y Ciudadanos a los que ha acusado de rechazar "con falsedades" el acuerdo intrajudicial que ponía fin a un pleito judicial de 16 años de duración y de "mirar para otro lado y no hacer nada contra la corrupción".
Corrupción urbanística
El arquitecto ha reiterado lo que ha afirmó hace algunos meses. "Ambos (PP y Ciudadanos) aparentan no conocer lo que ha ocurrido en la procelosa umbría de la corrupción urbanística en Benavente durante los últimos 25 años, municipio conocido y destacado por esa cualidad en Castilla y León. Sobre el edificio Villalar no nos dicen qué hicieron durante los últimos 15 años mientras encubrían a los responsables, ni durante los últimos años del PP cuando el Ayuntamiento simuló cumplir la sentencia sin legalizar el edificio, el PP disimulaba en silencio y el señor Jesús María Saldaña, como las vacas mirando al tren".
Román Ávila ha recordado también que al formarse la mediación intrajudicial, "en las sesiones informativa y constitutiva, se estableció un protocolo de confidencialidad entre el mediador y las partes de facto en la controversia, a las que se añadió la comunidad de propietarios del edificio como nueva parte“invitada”.
Cláusula violada
"Sin embargo el acuerdo y el acta final que la comunidad rechazó, llegó a los medios de comunicación violándose la cláusula de confidencialidad que se respeta según la ley en la propia resolución judicial que lo homologa". Ávila cree que especialmente Ciudadanos tuvo un estímulo añadido dado que la concejala de esta formación, Sara Casquero, "es propietaria y propulsora del recurso contra el acuerdo intrajudicial".
También ha reiterado que con el acuerdo y ahora con la sentencia, recurrible no obstante en casación, "el edificio se queda como está, sin sufrir más daños que los ya infringidos por simuladas obras de legalización, amparadas por técnicos, soportadas sin críticas por los moradores, sin afectación para los propietarios, pagadas por el Ayuntamiento con el dinero de todos, todos amparados por el Ayuntamiento. El señor Saldaña ya sabe a cuánto asciende esa cuenta y la repercusión resultante por cada benaventano, que nos lo diga. Saldaña conoce los gastos judiciales para el Ayto de este largo proceso judicial, los habidos y los presupuestados para el recurso contra el acuerdo. Saldaña: Suma todo y nos lo dices".
Como señaló hace meses, Ávila insiste sobre la posición del portavoz de Ciudadano. "Ya habrá calculado además lo que pagaríamos los vecinos de Benavente por la demolición, por la nueva construcción, que de hacerla en ese solar la superficie construida utilizable no alcanzaría ni el 70% de la actual con menos viviendas, menos plazas y menos locales, por el pago de tres viviendas que se pierden, por los daños y perjuicios, y por las indemnizaciones materiales y morales de los titulares, incluso la repercusión por cada benaventano. Se trataba de conseguir lo inconcebible", concluye.
