La mediación intrajudicial que han logrado alcanzar el Ayuntamiento de Benavente y el demandante en el caso del Edificio Villalar, el arquitecto Román Ávila, por la que podría procederse al archivo del proceso iniciado para que se lleve a cabo la Restauración de la Legalidad Urbanística, imposible, según diferentes informes técnicos, no ha gustado a los grupos en la oposición, Partido Popular y Ciudadanos que inciden en que la “infracción urbanística” sigue existiendo.
Según recoge el auto judicial que han dado a conocer los grupos municipales de la oposición, el 18 de mayo de 2021 se suspendieron las actuaciones que se estaban llevando a cabo para proceder a la restauración de la legalidad del inmueble por estar las partes acudiendo a la mediación. En ella, señala el auto, se ha llegado a un acuerdo por el que el Ayuntamiento indemniza en concepto de daños morales a Román Ávila que se valoran en 110.000 euros (montante recogido en el documento de la mediación pero no en el auto judicial) y el ejecutante renuncia a la ejecución de la sentencia y a la impugnación de las obras que se realicen en el edificio controvertido de la calle Villalar.
Con este acuerdo se pondría fin a años de litigio en torno a este inmueble al que en el año 2005, gobernando el PSOE, se concedió licencia para la construcción del controvertido inmueble. Pero no va a ser posible, al menos de momento, porque ayer mismo los propietarios del inmueble presentaban recurso a este auto judicial, según ha podido saber este periódico.
Tanto Ayuntamiento como el recurrente Román Ávila son los que piden el archivo por carencia sobrevenida. Mientras que los propietarios, recoge el auto, “ a priori los más afectados al ser titular del edificio que está fuera de ordenación ya que la licencia fue anulada y no es posible adecuarlo al PGOU” son los que “pretenden que se siga adelante con el procedimiento para la demolición del edificio, reconstrucción y la consiguiente indemnización”.
Por su parte, los grupos en la oposición, habiendo tenido conocimiento de la sentencia, aseguran que surgen dudas que pretenden resolver en las comisiones de Urbanismo y Hacienda solicitadas al equipo de Gobierno. Se pregunta la portavoz de los populares, Beatriz Asensio “en qué situación urbanísticamente hablando va a quedar el edificio ya que todos los informes técnicos que conocemos dejan claro que el edificio va a seguir sin cumplir el PGOU porque es imposible realizar las obras necesarias para adaptarlo al plan”.
Y critican el acuerdo por el que “el alcalde, garante de la legalidad urbanística de la ciudad, y se lo aplica además al resto de los vecinos, llegando a autoproclamarse talibán de la legalidad en otros casos como la restauración de la legalidad de las gradas de las pistas de atletismo, ahora sin embargo llega a un acuerdo mediante el cual va a pagar para que el denunciante no siga reclamando el cumplimiento de la legalidad, sabiendo como sabe, que el edificio no va a cumplir nunca con esa legalidad”.
Para la oposición “a nuestro juicio el alcalde a partir de ahora quedaría invalidado para hacer cumplir y sancionar a ningún vecino el cumplimiento de la legalidad urbanística. Con su actuación ha perdido toda la legalidad moral para hacerlo”.
Además, el concejal de Ciudadanos considera “inconcebible” que nos e haya contado con los vecinos que son “los más perjudicados”, refiriéndose a los propietarios del inmueble que “que han adquirido una vivienda que está fuera de ordenación o que va a quedar fuera de ordenación”. En este sentido, no obstante, no existe una declaración expresa de que el edificio esté fuera de ordenación.
El concejal de Ciudadanos, Jesús Saldaña pone en entredicho también que la jueza “proponga que el responsable pague económicamente al denunciante para que le quite la denuncia y así ya no hay caso, pero la infracción sigue existiendo”.
Saldaña considera, además, que “el alcalde tenía que haber hecho una investigación y depurar responsabilidades. Que no nos responsabilicen a todos los ciudadanos. Que tengamos que ser todos los que paguemos los errores que comenten los concejales y los técnicos que han votado a favor de una licencia que no deberían de haber dado”. Cree que se ha hecho el cálculo de que ”cada ciudadano aporte seis euros a esta causa”.
No le convence el acuerdo de la mediación ni la decisión de la jueza de instar al mismo. Como ejemplo señala “ es como si una señora acusa a este señor de violación. No se nos ocurre que el juez le diga a la señora por qué no te arreglas con él, le pides una subvención y aquí paz y luego gloria. Ese no es el procedimiento. Hay una infracción y no porque le compres o le pagues al denunciante ya se quita esto de encima”.
El equipo de Gobierno optó por la mediación “para una solución real, avalada por la jueza”
Desde el equipo de gobierno la concejal de Urbanismo, Sandra Veleda, asegura que “seguimos trabajando para dar una solución real y legal a un problema histórico, de más de 16 años, que arrastra la ciudad y que pudo haberse finalizado en época del PP pero que o bien no les intereso resolver o fueron incapaces de resolver. De hecho, y como no somos iguales, en su momento, la edil de Urbanismo del último gobierno del PP en aquel entonces, pidió a los grupos de oposicion (PSOE, IU y UPL) lealtad institucional para intentar solventar el problema, que de otra manera en aquel momento hubiera supuesto un desembolso importante para las arcas municipales, basicamente, otro plan de pago a proveedores u otro desastre como el derrumbe de los Cuestos de la Mota de cerca de 3 millones. Y aún así no fueron capaces de solventarlo”. Añade que “desde que llegamos al gobierno municipal hemos trabajado em pro del interés general, para resolver problemas urbanísticos históricos de la ciudad, como el ensanche de la Calle Lagares, la expropiación y urbanización se la calle Zafra, desbloquear la instalación de superficies comerciales como Gadis, etc; y en este caso se optó por la figura de la mediación intrajudicial, para alcanzar un acuerdo que ha sido validado por la juez”. Veleda señala que “entiendo los intereses legítimos de los propietarios, no así el de los ediles de la oposición que están intentando hacer prevalecer el interés personal por encima del general en pro de sus propios intereses, bien sean políticos para unos o meramente personales para otros. La derecha benaventana está más acostumbrada a sentencias judiciales que les condenen por sus delitos e ilegalidades que a sentencias judiciales favorables que validen acuerdos judiciales”. Y añade que “lo evidente y triste para los concejales de PP y Ciudadanos es que no aceptan que desde el actual Gobierno Municipal podamos resolver el problema de una vez por todas y de manera definitiva, porque mienten además cuando dicen que el edificio no podría tener licencia. Forma parte del oportunismo político”.
