La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Benavente dictó a finales de diciembre decreto de paralización de las obras de reforma y ampliación del IES Los Sauces al no contar la promotora, la Junta de Castilla y León, con licencia urbanística. Aunque la dirección provincial de Educación solicitó el permiso, le fue denegado debido a la disconformidad del proyecto con el Plan General. La Junta tendrá que restaurar la legalidad.
El decreto de paralización fue aprobado por la Junta de Gobierno Local el 28 de diciembre, once días después de que un acuerdo del mismo órgano municipal denegase la solicitud de licencia presentada por la Dirección Provincial de Educación en calidad de promotora de las obras de instalación de ascensor, adaptación de accesos y espacios en el IES Los Sauces.
El Ayuntamiento denegó la licencia al encontrarse la parcela en la que ya se han ejecutado obras “fuera de ordenación expresa”. Así lo recoge el Plan General de Ordenación de Benavente y los técnicos municipales aplican el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León que determina que en terrenos declarados expresamente fuera de ordenación “no podrá autorizarse ninguna obra, salvo las necesarias para la ejecución del planeamiento urbanístico”.
Los informes técnicos especifican que ante una ampliación como la proyectada, que persigue solucionar los problemas de accesibilidad del instituto y simultáneamente una ampliación de aulas y otros espacios, era necesario “con carácter previo a la obtención de la licencia” la ejecución (una vez obtenido el título habilitante) de las obras de urbanización de los terrenos exteriores a la alineación oficial y procederse a su cesión. Este paso no se habría dado.
Además, los técnicos han observado deficiencias documentales que la Junta tendrán que tener en cuenta en la solicitud de nueva licencia. Así, el proyecto presentado no incorpora el preceptivo visado, ni se encuentra acompañado de informe de supervisión. Tampoco consta en el expediente el justificante de depósito de aval para garantizar la correcta gestión de los residuos generados durante las obras, y hay un error en el importe de la liquidación de tasas y el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras.
La promotora, esto es, la Junta de Castilla y León, deberá justificar la ventilación e iluminación de las nuevas piezas y de aquellas que se modifican; incluir las cotas precisas para verificar que no hay piezas en la ampliación con la consideración de semisótano; y verificar que la salida de humos de la cafetería cumple con los requisitos de la normativa regional. Igualmente, tendrán que aplicar la normativa en relación a la protección del arbolado, y justificar el cumplimiento de la normativa de incendios en materia de evacuación al suponerse que queda inutilizada la salida a través del nuevo atrio a la vía pública.
Por último, y desde el punto de vista de la actividad, los técnicos de Urbanismo advierten que la modificación-ampliación de Los Sauces, deberá ser objeto de tramitación tal y como establece la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León. Por ello, la Junta deberá aportar la comunicación ambiental de la actividad, que ajustará su contenido al establecido en la ordenanza municipal de actividades sometidas a Ley de Prevención Ambiental.
La paralización de las obras por iniciarse y avanzar si licencia conlleva además la incoación de un expediente de restauración de la legalidad y un expediente sancionador. La inspección realizada por los técnicos del Departamento de Urbanismo concluye que “el promotor (la Junta de Castilla y León) se encuentra ejecutando actos de uso del suelo que no están amparados por licencia municipal, al haber sido denegada ésta por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 17 de diciembre de 2021. De modo que carece de legitimación para su ejecución”.
La inspección municipal constató que los actos en curso de ejecución en esta parcela declarada expresamente fuera de ordenación por el PGOU de Benavente requieren “la necesaria cesión de viales en el frente a la calle Juan Alfonso”. Por lo tanto, “los actos en ejecución no son compatibles en tanto no se lleven a cabo las obras de urbanización de los terrenos exteriores a su alineación oficial y procederse a su cesión”.
Según el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, la realización de construcciones o instalaciones que vulneren la normativa urbanística en cuanto a uso del suelo, aprovechamiento y densidad, así como en cuanto a la altura, volumen y situación de las construcciones e instalaciones, salvo que se demuestre la escasa entidad del daño producido o del riesgo creado, son consideradas infracciones graves, que son sancionables con multa de 10.001 a 300.000 euros. La sanción que se determine sería aplicable salvo que de la instrucción del expediente pudiera valorarse la escasa entidad del daño producido o del riesgo creado, en cuyo caso la infracción podría calificarse como leve.
El plazo para la adopción de las medidas de protección y restauración de la legalidad urbanística comienza a correr en la fecha en la que cometió la infracción, o en su defecto, en la fecha en que la inspección urbanística detectó “signos físicos externos que permitan conocer los hechos constitutivos de infracción”.
Junto a la orden de paralización de las obras, el Ayuntamiento ha ordenado la retirada de materiales y maquinaria relacionados con las obras no amparadas por licencia municipal con la advertencia de que de no cumplir esta obligación en el plazo indicado, “así como si no procediera a la paralización inmediata de las actuaciones sin licencia, se adoptarán medidas cautelares tendentes a garantizar su efectividad, como el precinto de las instalaciones y retirada de maquinaria, con comunicación judicial”. De momento, las obras de ampliación en Los Sauces se han parado desde la notificación.
