La Junta busca “mayor” seguridad jurídica para los controles del lobo

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda, Juan Carlos Suárez-Quiñones, aseguró ayer que la Junta trabaja para dotarse de la “mayor” seguridad jurídica para continuar realizando los controles de población del lobo, al considerar que son necesarios para lograr la necesaria coexistencia entre el animal y la ganadería extensiva.

Suárez-Quiñones reconoció que las comunidades de Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León tratan de realizar controles pero se han encontrado “numerosos” problemas en los tribunales por la falta de seguridad jurídica de la norma aprobada por el Gobierno de España. “Hemos asistido a distintos avatares judiciales, especialmente en Cantabria y Asturias, por lo que valoramos todas las opciones para poner en marcha estos controles”, subrayó.

Además, precisó que la Audiencia Nacional ha dictado un auto que ha denegado la petición de suspensión cautelar de ese “pequeño hueco” que deja al control la orden ministerial, tras la reclamación de una organización conservacionista.

El consejero recordó, según la Agencia Ical, que la orden ministerial de septiembre de 2021, que incluyó al lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre), impide la gestión del control del lobo al norte del río Duero, tal y como ocurría hasta entonces en las comunidades del norte del país. No en vano, el lobo pasó a tener el mismo régimen que en el sur del Duero, pese a que no lo exige la Unión Europea.

Añadió que esa norma del Gobierno de España establece un sistema de control excepcional que hace imposible llevarlo a cabo. “Antes, se hacían de manera dificultosa en el sur, gracias el régimen anterior pero, ahora, en el norte, son prácticamente imposibles de llevar a cabo”, precisó.