El incumplimiento del contrato, del compromiso por el que los agricultores accedían a cultivar determinada cantidad de remolacha a cambio de una ayuda de la Junta de Castilla y León de tres euros por tonelada, es el principal argumento esgrimido por el sector para reclamar el pago ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.
El Ejecutivo autonómico dejó sin efecto en 2011 la orden, que se correspondía con un acuerdo pactado en el año 2008, y los agricultores, que ya habían hecho su inversión a tenor de aquel compromiso, no percibieron los tres euros por tonelada prometidos. La subvención, que incluso se contemplaba en los presupuestos con la consignación de una partida que ascendía a unos 10 millones de euros para la producción total de Castilla y León, desapareció en 2011 de las cuentas generales.
Las pérdidas ocasionadas por la supresión de esa ayuda económica provocó importantes pérdidas a los agricultores zamoranos, que exigen ahora el pago a través de los tribunales, para lo que alegan "que ellos han cumplido su parte del contrato, cultivar" el producto, apunta el abogado de la Alianza por la Unidad del Campo (formada por UPA y Coag), José Ramón Pérez Aparicio, que representa sus intereses. Por contra, el Gobierno autonómico "no ha respetado el acuerdo de 2008 alcanzado por la industria y la propia Administración y los agricultores, que tenía validez", agrega el letrado. Un acuerdo que debe cumplirse por ambas partes, a tenor de una sentencia reciente de la Audiencia Provincial que declara la validez de otro por el que la Azucarera Ebro (de la multinacional British Sugar) debía pagarle a los agricultores que no renunciaron a la pulpa de la remolacha 2,5 euros por tonelada entregada. El Tribunal zamorano desestimó el recurso de apelación de Ebro contra la sentencia del Juzgado de Toro de febrero d 2013 que le obligaba a cumplir ese compromiso.
