S. Arizaga
«No se podía tomar otra decisión, poco más podía hacer el Pleno», salvo aprobar el contrato con UFC para dotar de nuevas oficinas al Ayuntamiento de Zamora, «la decisión política hubiera sido otra si los técnicos hubieran emitido otros informes antes de la adjudicación y no después». Esa es la conclusión a la que llegó ayer el concejal de Urbanismo, Feliciano Fernández, al interpretar la sentencia del Juzgado Contencioso que vincula tal decisión a «los informes técnicos y de la mesa de contratación, que fueron favorables».
El equipo municipal de Gobierno de Rosa Valdeón respiró el lunes, tras conocer el fallo del Contencioso que les permite «anular el acuerdo de Pleno, el contrato de alquiler con derecho a compra del nuevo edificio municipal y las actuaciones posteriores», lo que les libera de «una operación muy gravosa, más en tiempos de crisis». Fernández hizo especial hincapié en que la magistrada «reconoce que el acuerdo de Pleno» de 2006 «fue tomado» con los citados informes, que «no fue una responsabilidad política» y que «para permitir un acuerdo contrario» a la adjudicación a la propuesta de UFC debería haber habido «informes más claros y contundentes».
El concejal del PP dio «una de arena» a los funcionarios al «agradecer el esfuerzo de todos los empleados públicos para esclarecer la situación», aunque no sin «lamentar la ligereza de algunos» y de la oposición en particular. Una vez resaltada la «satisfacción» del equipo de Gobierno del PP, el edil de Urbanismo cargó contra los grupos de la oposición, que deberían estar «abochornados y sonrojados por no defender con su voto» la iniciativa de la alcaldesa, Rosa Valdeón, de recurrir el acuerdo de Pleno que autorizaba la firma del contrato, formalizado ante notario en 2007. «Lamentamos que no hayan estado a nuestro lado», indicó Fernández.
El responsable del PP no profundizó, por contra, en las consecuencias que esta resolución judicial tendrá para el jucio civil, promovido por UFC para reclamar daños y perjuicios por incumplimiento del contrato desde 2007, asunto sobre el que manifestó que «era importante», puesto que «se entiende que el acto final está anulado». Es decir, la firma del contrato suscrito por el entonces teniente de alcalde, Ángel Macías, no tendrá validez alguna, al estimar la juez que contraviene la Ley de Contratos, al no ajustarse al pliego de condiciones que en su día acordó el Pleno municipal y que no puede variarse en lo sustancial.
Con la sentencia judicial en la mano, el responsable de Urbanismo negó cualquier incumplimiento por parte del Consistorio, ya que «si la empresa no ha conseguido la licencia de obras es porque no es capaz de convencer a la Comisión de Patrimonio de que se ajusta al Plan Especial del Casco Antiguo».
Fernández dio a conocer públicamente el fallo del Contencioso en una comparecencia en la que se refirió al «desfase de cinco millones de euros» que se habría producido en perjuicio del Ayuntamiento con la modificación del documento inicial para eliminar la entrega de dos locales previstos en el acuerdo inicial.
Este montante constiuiría «una lesión» para el Consistorio, especificó el edil de Urbanismo, así como el incremento final del precio del resto de las oficinas, estimado por los técnicos en más de 24 millones de euros respecto del precio a pagar inicialmente acordado por las partes tras el periodo de alquiler de las futuras dependencias.
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