Después de varias semanas de protesta por parte de los funcionarios, sus representantes sindicales y la Diputación Provincial se sentaron ayer a la mesa para decidir si se pueden aplicar este año las últimas subidas salariales pactadas en 2008, algo que podría aclarar un mediador, tal y como propuso el diputado de Personal, José María Barrios. A esta idea darán respuesta los trabajadores públicos hoy y si aceptan la iniciativa, ambas partes pasarían a un segundo estadio: dilucidar quién podría ser el árbitro que actúe en este conflicto.

Es necesario recordar que la Diputación decidió el pasado año dejar «en suspenso» la aplicación de la última de las tres subidas salariales acordadas en 2008 tras prohibir el Gobierno a través de la Ley de Presupuestos cualquier tipo de incremento a trabajadores públicos en 2011, dentro de las medidas para combatir el déficit de las administraciones. Por su parte, el colectivo laboral cree que hay soluciones para aplicar el tercer pilar del convenio y que su puesta en marcha «es sólo cuestión de voluntad política».

En el encuentro de ayer, José María Barrios simplemente comunicó la idea del arbitraje, algo que «no es nuevo en el caso de conflictos laborales». Sobre la naturaleza de ese mediador, el vicepresidente de la institución provincial apuntó que «puede ser de carácter interno o externo e incluso una mezcla de las ambas cosas». En cualquier caso, el diputado Barrios declinó pronunciarse sobre qué tipo de entidad o institución concreta podría ser la elegida porque «estamos a la espera de que los funcionarios acepten esta iniciativa y después tendremos que ponernos de acuerdo en quién podría llevar a cabo esa función».

Por su parte, la junta de personal de la Diputación no tiene muy clara esta propuesta y hoy comunicará a los responsables políticos si accede o no a ponerla en marcha. «No sabemos muy bien qué decir y tampoco si esto es un paso adelante y hay una verdadera voluntad de solucionar este problema», explicó ayer Jesús Sandín, responsable de este órgano. De dar el sí a la propuesta, los trabajadores «no aceptaríamos, desde luego, que el mediador fuese la Subdelegación, que estaría del lado de la ley que ha formulado Zapatero», añadió Jesús Sandín acerca de una de las soluciones que están en el aire.

Si se pone en práctica esta solución, el diputado de Personal ya ha anunciado que «nos someteremos a la solución final, sea la que sea», para advertir que «puede que nuestra interpretación no sea la correcta o que sean los trabajadores quienes se equivocan o, simplemente, que ninguna de las dos partes tengamos toda la razón». La reunión prevista para hoy servirá para comprobar si hay avances en la búsqueda de un conflicto escenificado en el pleno del pasado mes de noviembre.