El ya apodado entonces «superjuez» Garzón decidió la dispersión carcelaria de los «capos» del narcotráfico gallego que detuvo el 12 de junio de 1990 en la relevante «operación nécora». En ese «reparto» de «jefes» entre Valladolid, Herrera de la Mancha, Carabanchel y Ocaña el bombo «premió» también a Zamora, cuya prisión solía recibir a delincuentes peligrosos o especiales. A las tres de la madrugada del 21 de junio el principal «jefe» de las «redes» gallegas, Laureano Oubiña, llegaba a la carretera de Almaraz. Veinte años después trata de salir de Topas, donde cumple aún condena.

Con gesto socarrón, altivo y cierto aire de suficiencia se presentó ante los medios de comunicación zamoranos el considerado jefe del narcotráfico gallego entre los años 80 y 90, Laureano Oubiña Piñeiro. Con un buen puro en la boca y un ejemplar del diario LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA entre las manos, comparecía el 19 de diciembre de 1991 ante la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Zamora, Esther González, para declarar sobre el presunto trato de favor recibido de la dirección de la prisión de Zamora. Allí permaneció un año recluido, como integrante de una organización de tráfico de drogas. La juez zamorana trataba de resolver principalmente si desde el presidio, en su celda de la enfermería, había continuado dirigiendo la red de narcotráfico, como en octubre de ese año, la diputada nacional del PP, Pilar Izquierdo, denunció. Responsabilizó al director del presidio de la capital, Andrés Márquez, quien comió mariscadas con Oubiña y se «paseó del brazo» con el «capo», aseguró Izquierdo. Había fotografías que lo demostraban, recogía este periódico.

Oubiña se convirtió por ello en portada del periódico local: Las fotos muestran a un hombre despreocupado y jovial, alejado de la actitud circunspecta que correspondería a un imputado por la Audiencia Nacional de graves delitos que, de hecho, le han mantenido veinte años en presidio, actualmente en la macroprisión de Topas, de donde pretende salir ya y no en 2013 como ha decidido el Tribunal Supremo.

La polémica estuvo en aquellos meses de 1991, hasta que la juez, ahora magistrada de la Audiencia Provincial, decidió archivar la causa por falta de pruebas, si bien admitió que podría haber habido alguna irregularidad administrativa. En su defensa, el que a primeros de este mes de junio exigía su libertad, manifestó hace veinte años en Zamora, tras ser interrogado por González, que «me tienen preso por la cara», mientras negaba haber tenido «relación alguna» con los «narcos». Sobre el asunto exclamó: «¡Trato de favor y llevan seis meses aplicándome el artículo 10!, cuatro años hundiéndome vivo, investigándome; y ahora 18 meses sin haber encontrado ninguna prueba». Sobre Ricardo Portabales, «el arrepentido» confidente que le involucró en el narcotráfico, se limitó a decir que «no me merece ningún juicio, tan mentiroso como es».

Eran los tiempos de la incipiente lucha judicial y social contra el narcotráfico gallego, una dura y larga causa con nombres propios: Los de cientos de jóvenes enganchados y muertos entre las redes de las drogas. Frente a los «capos gallegos» dos huesos duros de roer: Las madres gallegas que habían perdido a sus hijos en los vericuetos del «caballo» y la «coca»; e, ironías de la vida, el juez ahora denunciado por asociaciones vinculadas a la extrema derecha por presunta prevaricación por investigar los crímenes del franquismo, Baltasar Garzón.

Desde la Audiencia Nacional, caminaba ya hacia el éxito -había investigando importantes casos, como el GAL, metido en la cárcel a José Amedo-, y a sus logros sumaría el procesamiento y posterior condena de los más destacados «narcos» gallegos: Laureano Oubiña Piñeiro; los del clan de los Charlines; José Ramón Prado, «Sito Miñancos», buscado por la Interpol en aquellos días y ya condenado por tráfico de tabaco... En esas estaba Garzón. Y en ese momento concreto, 12 de junio de 1990, culminó la popularizada como «operación nécora», con la que Garzón sentó frente a la justicia a trece «capos» de Pontevedra. Al arrojo del magistrado deben las madres contra la droga la recuperación, hecha efectiva en el año 2008, del pazo de Baión propiedad de Oubiña, el mismo que rodearon en 1994 para exigir que se acabara con el narcotráfico, expropiado para centro de rehabilitación de toxicómanos.

De vuelta a la «operación nécora», días después de las detenciones, el joven magistrado de 34 años ordenó la dispersión de los «capos» apresados para garantizar su incomunicación. Es así como el 21 de junio de 1990 llega al presidio de Zamora el considerado, según los medios de comunicación, «cabecilla» del narcotráfico gallego, Oubiña, procesado por contrabando, asociación ilícita y tráfico de drogas. A las tres de la madrugada ingresaba en el tercer módulo, junto a los internos «considerados «de guante blanco» por el poder que ejercen sobre el resto de reclusos» los menos peligrosos en cuanto a violencia física se refiere», informaba este diario. Posteriormente pasaría a la enfermería, allí tendría como compañero de encierro a José Aliste, ex diputado provincial del PP condenado por un desfalco a una entidad bancaria.

La discreción inicial con la que llegó al presidio zamorano, no logró mantenerle alejado de la actualidad informativa local mucho tiempo. En poco más de un año puso en solfa la gestión rigurosa y trato igualitario de la dirección del penal hacia todos los internos. El supuesto «trato de favor» a quien, parafraseando el dicho popular habría logrado «vivir como un rey» en la cárcel, colocó al singular empresario de Villagarcía de Arosa en primera línea informativa.

Se llegó a decir que incluso degustó mariscadas no sólo en la propia cárcel con el director, sino cuando era trasladado desde Zamora, en el furgón de la Guardia Civil, hasta Madrid, a la Audiencia. De este último detalle nada dijo Pilar Izquierdo ante la Comisión de Interior y Justicia del Congreso, en diciembre de 1991, en la que sostuvo que el director tenía deferencias con el «capo». Fuera cierto o no, el 19 de septiembre de 1991 se abrió una investigación a funcionarios por ese supuesto trato de favor al «narco» que, se dijo, llegó a tener electrodomésticos en su celda, en definitiva «comodidades», indicaba la noticia de este diario, que excedían los derechos de los reclusos.

Un inspector llegó a tomar declaración a los empleados de la cárcel. El propio Márquez y el médico de las instalaciones penitenciarias, José Miguel Rodríguez, se enfrentaron a un expediente, así como el auxiliar de clínica, que se cerró meses después. Pero la mecha de la polémica no se apagaría hasta enero de 1992 con el archivo de la causa judicial. Aún así, el «culebrón» se prolongó con la querella anunciada por Oubiña contra la diputada nacional del PP. El «narco» estaba ya fuera de Zamora desde el 19 de julio de 1991. Primero en Alcalá Meco, después en un destino «secreto por seguridad». Ahora, desde Topas, reclama su liberación. «Veinte años no es nada», que decía el tango. ¡Que se lo pregunten a Oubiña!