Parece como si la política se hubiese sumado a Halloween, porque no es solo el tristemente famoso edificio municipal fantasma que sin llegar a hacerse realidad ha llegado a costar cinco millones de euros al Ayuntamiento de Zamora, sino que también en fechas cercanas a la foránea celebración imperante pasó por aquí, en una paródica inauguración berlanguiana, de "Bienvenida, señora Pastor", con figurantes incluidos, el tren de alta velocidad que no era un Ave sino el Alvia de siempre. Cosas de la precampaña y de que a alguien con poderes para ello se le ocurrió en buena hora prohibir las ceremonias de propaganda del Gobierno de turno en vísperas electorales.

Pero lo mejor no ha estado en Zamora, aunque la pantomima de la estación pueda considerarse insuperable. Porque lo mejor estuvo en Madrid cuando Rajoy inauguraba en un rato libre nada menos que una oficina fantasma contra la corrupción. Ya ven: tanto preocuparnos los españoles con los papeles de Bárcenas, Gurtell, la Púnica, los ERE andaluces, los chanchullos enormes de Valencia, el tres por ciento de Cataluña para los Pujol y las salpicaduras del pobre mesías Artur Mas, y resulta que va el PP y va Rajoy y lo arreglan montando una oficina para estos casos. Solucionado.

Tampoco es que sea otra ocurrencia de Rajoy, porque organismos similares funcionan en algunos países europeos, se ignora con qué éxito por aquello de que en todas partes cuecen habas. En realidad, lo que en teoría pretende la cosa esta inaugurada es que todos los condenados por corrupción no disfruten de los bienes públicos o privados que afanaron aprovechando sus cargos para lo cual la justicia tomará las medidas oportunas. Por supuesto que bien está, aunque de sobra se sepa que, en estos casos, sus protagonistas siempre se quedan con algo, con mucho, entre las uñas, que para eso están los paraísos fiscales y la ingeniería fiscal.

Lo más curioso, con todo, es que Rajoy inauguró la fantasmal oficina antes de ser oficialmente creada, pues hasta unas horas más tarde, ese mismo día, el invento no fue aprobado por el Consejo de Ministros. Pero, claro, hay que aprovechar el tiempo. Una fecha o dos más tarde se publicó en el Boletín Oficial del Estado. Ni siquiera se sabe quiénes eran los asistentes a la ceremonia, que debieron ser meros figurantes. Tanto es así que, a día de hoy, el organismo solo tiene por todo personal a una directora, directora general, faltaría más, y a su secretaria particular.

Poco bagaje se antoja para luchar contra tanto corrupto y tanta corrupción. Por mucho que el Gobierno y su presidente lo aireen como una muestra de su buena voluntad, que se da por supuesta, para encarar una lacra por la que ellos en concreto van a tener que pagar la factura más alta. Esto es como lo de la transparencia de la que también se presume, apenas un reflejo cocinado de lo que ya se sabía, de medias verdades a medida de cada cual, que nada transparentan de lo que de verdad ocurre en el fondo de unas aguas que bajan negras y que los españoles, con sus votos, pueden aclarar el 20D, con el cambio.