En el ámbito de la gestión, se conoce como «principio de Peter» al axioma que relaciona la capacidad de ascenso con el nivel personal de incompetencia. En una jerarquía, dice, todo empleado tiende a ascender hasta su nivel de incompetencia.

Este es uno de los grandes peligros a los que se enfrenta cualquier empresa u organización, que aquellos a los que se ve muy competentes en un determinado escalón de la jerarquía, se les va ascendiendo hasta que llegan a un puesto para el que ya no resultan competentes sino incompetentes con lo que han dejado un vacío allí donde de verdad aportaban valor y han ocupado otro espacio allí donde pueden llegar a ser hasta un estorbo.

En el ámbito de la política y de la gestión pública, convendría ir reformulando el principio pues solo se cumple, y no para bien, en contadas ocasiones. Son cada vez más los casos en los que no es el competente el que asciende y asciende hasta que supera el límite de sus capacidades, sino el que siendo incompetente desde el principio deja que sea la corriente la que contra todas las leyes de la física lo vaya llevando hacia arriba. Y sube, vaya si sube. Podríamos bautizar el nuevo paradigma como el «principio de Retep», leyendo Peter al revés.

Se habrán fijado ustedes con cuanta frecuencia, cuando en una organización el de arriba mete la pata, termina siendo el de abajo el que paga el pato. Pues lo mismo está ocurriendo con la reforma administrativa imprescindible para que las finanzas públicas españolas sean viables.

Es evidente que España necesita recortar su hipertrofia de administraciones, que el modelo actual es insostenible, pero para ello se necesita un estudio en profundidad (la vicepresidenta lo ha anunciado pero no hay muchos visos) y no una cadena de ocurrencias que terminen solo con una actuación cosmética, cortando en los más débiles (también los más cercanos a los problemas de los ciudadanos), los ayuntamientos, y no atreviéndose con el resto, diputaciones y comunidades, siendo ambas, las últimas invitadas a una fiesta para la que ya no hay dinero y en las que se producen las duplicidades e incongruencias más sangrantes.

Comparto con los alcaldes de los pequeños municipios que el ahorro por la reducción en un treinta por ciento del número de concejales va a ser inexistente y que, siendo el único camino razonable para el futuro la paulatina agrupación de municipios, distribuyendo que no repitiendo las instalaciones y servicios públicos más importantes entre los diferentes núcleos de población, la abolición de las mancomunidades va en el sentido contrario al propugnado.

Se pongan como se pongan los políticos de altura (por posición), la legitimidad la damos los ciudadanos al Gobierno de la nación y a nuestros ayuntamientos, las dos administraciones históricamente naturales. Provincias y comunidades autónomas son artificios introducidos para coadyuvar y en esto, o sobran unas o las otras aunque con ello no se atreven. El domingo, más.

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