La "guerra del agua" en el municipio de Galende llega, definitivamente a los juzgados. Dos vecinos de San Martín de Castañeda se suman a la mujer denunciada en Ribadelago por supuesto fraude en el consumo del agua. Uno de ellos es, además, concejal por el PSOE en el Ayuntamiento. La Guardia Civil se personó en tres ocasiones en el pueblo, según relata el interesado, el también hostelero Óscar Coca, quien finalmente recibió la citación del Juzgado de Puebla de Sanabria en el que se le comunica el deber de declarar el próximo 13 de noviembre como imputado por un delito de "defraudación del suministro eléctrico y análogas", es decir, la misma casuística que la vecina denunciada en Ribadelago. En este caso, la citación añade la fecha en la que, supuestamente, se habría cometido el delito: el 23 de junio.

Sin embargo, ni Coca ni el otro vecino denunciado mantienen firmado ningún contrato con la denunciante, la empresa Aquona, ni existe ningún contador instalado en casa alguna de San Martín de Castañeda. "La única relación contractual con Aquona la mantengo por una casa en la capital zamorana que está al corriente del pago", aclara el edil, para quien resulta paradójica una reclamación "cuando no tengo más que una construcción a mi nombre en San Martín, la cual carece del servicio del agua". En ninguno de los dos casos, aseguran, ha habido apercibimiento administrativo previo ni en la citación recibida se especifica el fraude supuestamente cometido.

Ante esta situación, ambos afectados han puesto el caso en manos de abogados y estudian presentar una demanda contra la empresa por lo que entienden como "acoso". Como concejal del PSOE insiste, además, en las irregularidades del proceso de adjudicación de la concesión del servicios de agua, porque entiende que "no hay un estudio de costes que justifiquen los precios que figuran en la ordenanza, tal y como especifica la Ley de Aguas de 2010. Pedimos un pleno extraordinario para abordar los precios, pero no se ha celebrado".

Explica que, en el caso de San Martín, el agua que llega a los domicilios "que viene de manantiales de fincas del pueblo o particulares, van a un depósito a través de conducciones de PVC costeadas por el pueblo. Las tuberías que llegan a las casas, del Ayuntamiento, son, mayoritariamente de hierro o de uralita, con lo que, lo prioritario debería ser la sustitución por motivos de seguridad y para ahorrar en averías". Por su parte, Aquona insiste en que las aguas son del todo aptas para el consumo humano, puesto que están sometidas a todo tipo de controles y entiende que la mayoría de los vecinos está ya acogida a lo que dispone la ordenanza aprobada por Galende en diciembre.