Representantes del PSOE y de la Alianza por la Unidad del Campo (Coag-Upa) exigen a la Junta que «abra un proceso de diálogo con el sector para que la Ley Agraria nazca bajo la premisa del consenso con todos aquellos que se verán afectados». Así lo expusieron durante la reunión mantenida por ambas partes ayer en la sede socialista de Zamora con la asistencia del secretario provincial del PSOE, Antonio Blanco, y la procuradora Ana Sánchez, y por la parte agraria los máximos responsables de Coag, Miguel Blanco, y UPA, Aurelio González, entre otros.

En el encuentro se abordó la situación «preocupante y difícil» que vive el campo en la provincia, muy especialmente los ganaderos «debido a la crisis de precios que les afecta con especial dureza». Según se ha informado desde el PSOE zamorano, sobre la mesa han estado los «brutales recortes» efectuados por el Gobierno central y la Junta, que «presupuestariamente hablando nos sitúan en cifras de hace una década y que acompañados de las subidas impositivas ponen en una situación de extrema dificultada las familias de más de 65.000 agricultores y ganaderos de Castilla y León».

Tanto el PSOE como la Alianza se mostraron «aliviados» por las modificaciones que acaba de introducir el Parlamento Europeo sobre la futura PAC. Consideran que, a partir de ahora, «todo depende de la negociación que el Gobierno haga en el próximo Consejo Europeo del 7 y 8 de febrero». En ese sentido, la procuradora Ana Sánchez anunció la presentación de una proposición no de ley para debatir en el próximo pleno de las Cortes con el objeto de instar al Gobierno de España «a defender el mantenimiento de la propuesta de la Comisión publicada en junio de 2011 y que en ningún caso debe ser negociada a la baja». Ambos interlocutores coinciden en apuntar que una pérdida de fondos de la PAC sería «ruinosa» para el campo.

Respecto a la futura Ley Agraria, el líder de Coag, Miguel Blanco, recordó que tras las últimas elecciones a cámaras «aún no se ha convocado el Consejo Regional Agrario, el lugar donde la consejera deberá someter a consideración de las organizaciones profesionales agrarias el borrador del anteproyecto de la Ley». Un borrador que apuntaba a «la privatización de medidas de política agraria que no resultan aceptables».

Miguel Blanco ha recordado que «la ley reguladora es necesaria, pero si no hay un presupuesto que la desarrolle, será papel mojado».