El Juzgado de Instrucción nº 3 de Zamora tiene visto para sentencia la reclamación de 5.789 euros a la Asociación de Mujeres y sociocultural Virgen Mediavilla, de Villamor de la Ladre, por parte de José Antonio de Pedro, que «altruistamente» adelantó esta cantidad para acondicionar el denominado teleclub, propiedad de la Iglesia pero utilizado por el colectivo.
La Asociación, sin apenas fondos y medios de conseguirlos, se desentiende de haber adquirido el compromiso formal de abonar esta cuantía y defiende que fue un compromiso apalabrado por el anterior sacerdote (ya fallecido).
El Obispado, por su parte, no tiene constancia de documento alguno sobre tal endeudamiento sobre el inmueble de su propiedad porque, si hubo tal entendimiento, fue hecho por el anterior sacerdote, ya fallecido, «y a título individual y no institucional».
El caso ha derivado en un posicionamiento encontrado entre los vecinos de Villamor de la Ladre, y puede llevar a la disolución de la Asociación de Mujeres y sociocultural, que de momento se ha quedado sin local, sin actividad y prácticamente ha dejado de existir.
El demandante Antonio de Pedro y la presidenta del colectivo, Carmen Figueredo, discrepan plenamente en cuanto a los compromisos adquiridos sobre el pago de los 5.789 euros.
«Es un juicio moral más que material», precisan fuentes de la demanda, ante la inviabilidad económica en que se halla la Asociación de Mujeres, que se nutre con la aportación de un euro al año del centenar de asociados, y que en su cuenta de saldos solo tiene 1.500 euros.
El demandante, José Antonio de Pedro, pone de manifiesto que en el año 2006 «sugirió» al entonces sacerdote José Manuel el posible arreglo del local (una parte de la Casa Parroquial) «antes de que él solo se derribara». Fue en marzo de 2007 cuando la Asociación tomó interés por el local «a cambio de pagar los gastos de agua y luz». Pero, según de Pedro, luego se llegó «a un acuerdo» por el que la Asociación de Mujeres corría con los gastos de material y mano de obra. Alude, además, «al buzoneo» de un documento para informar a los vecinos de esta deuda.
La presidenta de la Asociación Virgen Mediavilla, Carmen Figueredo, sostiene que la restauración, realizada en el verano de 2008, la encargó el sacerdote José Manuel -fallecido en noviembre de 2009- «con la intención de cedérselo posteriormente al colectivo», con todas las tramitaciones pertinentes en regla. Precisa que el propio demandante, José Antonio de Pedro, expresó su voluntad de colocar piso y azulejos si se le daba este material. La Asociación consiguió que un empresario sayagués les regalara «los 60 metros cuadrados de suelo, y como nos parecía tener mucha cara que también nos regalara el azulejo, lo compramos». Fueron unos sesenta euros.
Fue entonces cuando surgieron los verdaderos problemas que han terminado en el Juzgado. Según expresa Figueredo, «al término de las obras nos llamó de Pedro y nos dio dos llaves y la nota, por importe de 5.789 euros. Esta cuantía nos dejó pasmadas porque pensábamos que solo nos iba a cobrar la colocación del material. Quedé bloqueada. Si hubiéramos sabido que nos íbamos a hacer cargo de todo no hubiéramos encargado la obra, pero él demandante insistió que lo fuéramos pagando poco a poco». Fue entonces cuando la presidenta adoptó la decisión de ponerlo «en conocimiento de todos los vecinos» y elaboró una nota donde explicaba la situación creada, aunque señalando que la Asociación afrontaría este gasto. Hace hincapié en que a este documento «se agarra» de Pedro para intentar cobrar. Figueredo reitera que al hablar de nuevo con el sacerdote José Manuel «insistió en que él correría con los gastos», pero murió, «y ahí fue cuando el vecino fue contra nosotros porque es más fácil que ir contra el Obispado». Con la llegada del nuevo sacerdote la deuda permanece pendiente y en discusión.
El nuevo párroco procedió al escritura la propiedad del inmueble, que no estaba hecha, y a formalizar la cesión a nuevos arrendatarios, según apuntó ayer durante su declaración ante la magistrada. El sacerdote Francisco Javier, reiteró además la no existencia en el Obispado de constancia alguna de factura de pago.
El vecino que adelantó el dinero señala con firmeza que «nunca hice ninguna reclamación de la deuda ni al sacerdote ni al Obispado, todo lo contrario, les comuniqué de palabra que la parroquia no tenía conmigo ninguna deuda».
