El Edificio Villalar "sigue sin licencia" seis años después de la sentencia del TSJCyL

Tras el archivo del expediente del exalcalde, Ávila pide al Ayuntamiento que conceda el permiso urbanístico al inmueble y también el de ocupación

14.02.2016 | 12:39
Román Ávila en una conferencia de prensa.

El denominado Edificio Villalar, un inmueble de viviendas, trasteros y garajes construido en las calles Villalar, San Antón y Toril, "sigue sin licencia urbanística" casi seis años después de que así lo determinara en sentencia firme la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL).

El alto tribunal de la región dio la razón al arquitecto Román Ávila que ejerció la acción popular y el inmueble fue declarado ilegal al anular la licencia concedida en el año 2005. El TSJCyL concluyó que la licencia no se podía otorgar porque las autorizaciones urbanísticas estaban suspendidas debido a la aprobación inicial del Plan General de Ordenación Urbana.

Aunque en los últimos años la Concejalía de Urbanismo dio por hecha el cumplimiento de la sentencia con algunas acciones urbanísticas, el inmueble "sigue sin licencia y sin cumplir la sentencia", según asegura Ávila.

Después del "giro" dado por os técnicos del departamento de Urbanismo en relación con el expediente sancionador del chalé del exalcalde Saturnino Mañanes, Ávila pidió ayer por escrito al Ayuntamiento "el rápido otorgamiento de la licencia urbanística al edificio, así como la licencia de primera ocupación a todos y cada uno de los inmuebles resultantes de la división horizontal, una vez justificado el cumplimiento del proceso restaurador de la legalidad".

El arquitecto reclama también que se notifique "la irregular situación del edificio al Registro de la Propiedad" mientras se conceden las licencias "en evitación de perjuicios a posibles nuevos adquirentes desconocedores de tal situación y de responsabilidades derivadas al propio Ayuntamiento por esta negligencia".

Por último, insiste en la exigencia por parte del Consistorio "de las responsabilidades e indemnizaciones que correspondan a los auténticos causantes de este disparate, políticos y técnicos, eximiendo a los contribuyentes de los gastos derivados del proceso de legalización hasta su resolución final".

Urbanismo abrió en el año 2011 expediente de responsabilidad patrimonial por este caso pero terminó exculpando a los responsables políticos que otorgaron la licencia anulada.

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