La obra del Banco de España se reinicia al cumplir siete años del primer intento

San Gregorio tiene el encargo de terminar la adecuación del edificio en cuartel en el plazo de ocho meses bajo un montante de 2,1 millones

Aspecto que presentaba ayer el edificio del Banco de España.

Aspecto que presentaba ayer el edificio del Banco de España. / Emilio Fraile

Luis Garrido

Luis Garrido

La obra del Banco de España cumple siete años desde aquel 11 de agosto de 2016 en el que Francisco Guarido firmó junto al representante legal de la UTE Urvios-Proforma el acta de replanteo que daba el pistoletazo de salida hacia ninguna parte. El que debía ser uno de los proyectos más importantes a ejecutar bajo la gestión de Izquierda Unida se ha convertido en un auténtico quebradero de cabeza para el aparato municipal. Dos espantadas y dos licitaciones desiertas han precedido al último adjudicatario, Contratas y Obras San Gregorio, que está llamado a ser el que concluya de una vez por todas los trabajos. Ayer mismo se repetía la escena de aquel lejano verano y se rubricaba un nuevo acta de replanteo que supone el inicio del plazo de ocho meses para ejecutar la intervención. El próximo 2024 tendrá que ser el año en el que el edificio de Cristo Rey esté por fin listo para el traslado de la Policía Municipal y el Archivo.

La UTE Urvios-Proforma nunca quiso hacerse cargo de la obra por la que había pujado. En el año 2016, esta unión empresarial se hizo con el contrato para convertir el antiguo edificio del Banco de España en cuartel de la Policía Municipal por un montante de 633.000 euros. Una cifra que el tiempo ha demostrado de todo punto insuficiente. Aquellos constructores pidieron inmediatamente al Ayuntamiento de Zamora un modificado de obra, advirtiendo la existencia de amianto en las instalaciones. En palabras gruesas: más dinero. Pero la administración local no cedió, sabiendo fehacientemente que no había rastro de ese elemento en la estructura. Así lo confirmaron hasta tres análisis antes de que la adjudicataria abandonara los trabajos cuando apenas había certificado un tercio de la obra.

El Ayuntamiento de Zamora inició entonces un camino para resolver el contrato firmado con la UTE Urvios-Proforma. Un procedimiento que implicó al Consejo Consultivo de Castilla y León y que finalmente vio la luz en febrero de 2018, cuando además se incautó de la fianza depositada por la unión temporal de empresas, que ascendía a 50.000 euros. En la primavera de ese año, la administración dirigida por Francisco Guarido anunció que el nuevo contrato pasaría por licitación bajo un presupuesto de 671.000 euros para terminar los dos tercios restantes, pero ninguna constructora concurrió en el proceso que concluyó en febrero del año 2019. Esa fue la primera vez que la fase de contratación para este importante proyecto quedaría desierta.

A finales de ese mismo año, Francisco Guarido desbloqueaba de nuevo el proyecto poniendo encima de la mesa 200.000 euros más. La conclusión de la obra del Banco de España regresaba a contratación por un valor de 890.000 euros y encontraba un licitador en la UTE Emergis-Alea. El plazo de ejecución comenzó a correr en octubre de 2020, pero la constructora apenas pisó por Cristo Rey. Antes de empezar, de hecho, ya había pedido un modificado para incrementar el presupuesto. El resultado de todo esto fue una nueva espantada que terminó en acuerdo extrajudicial para resolver el contrato y poder avanzar en lo que ya se consideraba una obra maldita.

Esa vitola se mantuvo en el cuarto procedimiento de licitación llevado a cabo a lo largo del año 2021 y que terminó siendo declarado desierto en el mes de noviembre de ese ejercicio. Los 1,1 millones de euros puestos encima de la mesa volvían a resultar insuficientes, de manera que el Ayuntamiento de Zamora trabajó a lo largo de 2022 para adecuar a la realidad tanto el proyecto como el presupuesto. El resultado de aquello fue un nuevo pliego en la Plataforma de Contratación por valor de 2,6 millones que fue adjudicado a San Gregorio por 2,1 millones. Más del triple del dinero estimado en el año 2016. La suerte está echada.

Un nuevo proyecto que pone remedio a los desfases del anterior

El nuevo proyecto con el que trabajará a partir de ahora Contratas y Obras San Gregorio es una actualización del documento que fue a licitación en el año 2019 para la conclusión de las obras iniciadas en 2016 y que fueron inmediatamente abandonadas por la adjudicataria tras referir la existencia de amianto en el conjunto, algo que resultó ser radicalmente falso. Este documento pone remedio a los desfases detectados por aquel entonces e incluye, además de una revisión de las mediciones, la adaptación al nuevo marco normativo en cuestiones de ahorro energético, de seguridad y protección frente al fuego o de aislamiento exterior y acústico. Asimismo, el proyecto modifica los sistemas de climatización, ventilación y agua caliente sanitaria e incluye la instalación de placas solares fotovoltaicas para el autoconsumo del edificio. Todo ello modifica los precios, que han tenido que ser ajustados también ante el escenario global de encarecimiento de suministros.

Zamora pagará en 2024 un 80% menos tras la negociación de Guarido

El Ayuntamiento de Zamora y la Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio (Segipsa) alcanzaron en agosto del pasado ejercicio un acuerdo para prorrogar el contrato de cesión del edificio del Banco de España hasta 2034. Es decir, diez años más. El trato supondrá una considerable reducción del precio que paga en estos momentos el municipio. Y es que, una vez expire el documento que ahora mismo rige, en mayo de 2024, la renta pasará a ser de 28.812 euros fijos anuales. En estos momentos, la ciudad abona algo más de 102.000 euros, una tarifa que además se actualiza con el IPC. Este acuerdo ha sido fruto de las gestiones realizadas por Francisco Guarido desde hace años en busca de darle la vuelta al contrato de alquiler "leonino" firmado por la administración de Rosa Valdeón en el año 2014. De hecho, prácticamente todas las ciudades del país tienen a su disposición estos edificios de manera gratuita desde que el Banco de España los dejó en desuso.

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