El exvicepresidente del Gobierno regional Francisco Igea y el exdirector general de Industria Alberto Burgos declararán como testigos junto al presidente de la Diputación de Zamora, Francisco José Requejo, por el presunto boicot al proyecto de la biorrefinería de Barcial del Barco (Zamora) por el que está abierta una investigación judicial.
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número seis de Zamora, encargado de instruir la causa, ha citado como testigos para el próximo 20 de diciembre a Igea, Burgos y Requejo, que serán los primeros cargos públicos que comparezcan en las diligencias de investigación, han informado a Efe fuentes vinculadas a la acusación particular.
Diligencias desde principios de este año
Las diligencias se instruyen desde principios de este año en el citado juzgado zamorano por el supuesto boicot al proyecto denunciado por los promotores, que pidieron que se investigara en los juzgados por si pudieran derivarse responsabilidades penales contra algún alto cargo del Gobierno regional.
Las comparecencias tanto de Igea como de Burgos y Requejo se efectuarán en calidad de testigos por los comentarios que pudieran haber oído sobre ese supuesto sabotaje a la construcción de una factoría para producir hidrógeno verde, 160.000 metros cúbicos de bioetanol y 120.000 toneladas de piensos anualmente a partir de remolacha y maíz.
Ese proyecto, que se pretendía poner en marcha en Barcial del Barco (Zamora) y que actualmente está paralizado, supondría una inversión inicial de entre 160 y 200 millones de euros y crearía más de mil puestos de trabajo entre directos e indirectos, según señalaron sus promotores.
La sociedad promotora, que ejerce la acusación particular, considera que presiones de altos cargos de la Junta de Castilla y León podrían haber hecho que inversores interesados en sumarse al proyecto finalmente dieran marcha atrás y se desvinculasen de él de manera definitiva.
El promotor de la biorrefinería, el ingeniero zamorano Vicente Merino, que cuenta con varias patentes para ejecutar el proyecto, mantuvo conversaciones con responsables de sociedades inversoras que reconocieron unas supuestas trabas por parte de altos cargos del Gobierno autonómico de la Junta, según figuran en unos audios aportados a la causa.
El Juzgado de Instrucción número seis de Zamora admitió a trámite la denuncia el pasado mes de enero, y desde entonces se han practicado algunas diligencias testificales en las que se ha llamado a declarar a trabajadores de empresas vinculadas a la iniciativa o testigos del presunto sabotaje, sin que hasta el momento hayan comparecido cargos públicos o excargos públicos. Los primeros serán Igea, Requejo y Burgos, que ofrecerán su declaración antes de que concluya este año.
