Arranca en la Audiencia de Zamora el juicio por el caso del fraude de sal al Ministerio de Fomento por altos cargos y funcionarios de la Unidad Provincial de Carreteras en Zamora y trabajadores de la empresa concesionaria de la conservación en Sanabria Carballeda entre 2007 y 2012, la UTE Rionegro.
Los primeros minutos de la que iba a ser un macrojuicio que sentaría en el banquillo de los acusados servirán para formalizar acuerdos entre la Fiscalía Provincial y la mayoría de los 12 imputados hasta ahora, algunos serán exculpados penalmente y otros verán sus condenas reducidas tras admitir los hechos y mostrar su arrepentimiento, según ha podido saber LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA minutos antes del inicio de la sesión.
Las infracciones penales por los que se les imputaba hasta hoy son once: prevaricación; estafa por el presunto engorde de facturas de sal, venta de biondas y chatarra de las carreteras y autovías a espaldas de Fomento; apropiación indebida; defraudación a Hacienda; cohecho; malversación de caudales públicos; negociaciones prohibidas a funcionarios públicos; falsedad documental; el tráfico de influencias; la infidelidad en la custodia de documentos y la pertenencia a organización criminal.
De este modo, la vista oral solo se celebraría para dos de los procesados, los únicos que no han accedido a llegar a un acuerdo, uno de ellos el director de la Unidad Provincial de Carreteras entre 2007 y 2012, de iniciales E.M.A, al que faltaría poco más de un año para jubilarse en la Administración.
El juicio podría concluir en una semana, frente al mes y medio previsto inicialmente por el Tribunal provincial nombrado ex profeso por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León para la que ha sido la causa más voluminosa de la Audiencia en su historia, por el número de procesados y de testigos, más de 80 que también se verán considerablemente reducidos.
Entre los procesados hasta esta mañana hay altos funcionarios de la Unidad Provincial de Carreteras del Estado en Zamora, como el mencionado; el exingeniero jefe de esa administración, de iniciales R. T., y un técnico encargado del sector ZA-4, de iniciales S. S.; otros dos funcionarios de Fomento; y dos vigilantes del Ministerio. Por parte de la empresa adjudicataria Rionegro, el jefe de Conservación y Explotación de Carreteras; y el gerente de la empresa adjudicataria, entre otros trabajadores, están igualmente procesados.
El presunto engorde de facturas del fundente, para el que trabajadores de la UTE se habrían “compinchado” con empresas es uno de los delitos que se juzga. Incluso, el sumario recoge literalmente que un empleado de la concesionaria, el delegado de obra y jefe de conservación, cuyas iniciales son E.J.R.G., “promovió la constitución de la empresa Edype con familiares (dos primos), con la finalidad de facturar una gran cantidad de sal”, mayor a “la que realmente traían los camiones” y que, “en muchos casos, duplicaba la adquirida” por esa firma.
Entre las presuntas ilegalidades que valorarán las magistradas es la venta de chatarra procedería del mantenimiento de las vías estatales de la zona, y la enajenación por cuenta de algunos de los imputados de biondas en buen estado que se habrían repuesto apenas un año antes en la N-525 y se habrían levantado.
Trabajadores de la adjudicataria testificaron en su día en el Juzgado de Puebla que el fraude también tenía que ver con la calidad de la sal, que procedería de saladeros de Portugal, lo que explicaría la presencia de “cabezas y espinas” y el “fuerte olor a pescado” que desprendía.
Casi doce años después de iniciarse la investigación judicial por irregularidades cometidas con implicación de los 12 procesados entre 2004 y 2012, la “ingente pluralidad de hechos ilícitos que se juzgan” explica la complejidad de un caso que comenzó a investigar el Juzgado de Puebla de Sanabria, Patricia Marqués Fernández -con apenas un año de experiencia en la carrera judicial- junto con el entonces Fiscal jefe de Zamora Rafael de Vega Irañeta, experto en delitos económicos.
Los recursos de los procesados han dilatado una causa cuyo escrito de imputación se dio a conocer públicamente en 2017, entre ellos la recusación de los cuatro magistrados de la Audiencia de Zamora por considerar que estaban contaminados por el número de recursos resueltos.
El Tribunal que celebrará la vista oral esta semana estará presidido por la titular del Juzgado de lo Penal de Zamora, la nueva magistrada de la Audiencia y otra de la Audiencia de Salamanca.
