Más de 2.000 zamoranos enfermos de COVID persistente, la mayoría mujeres, se preparan para batallar en los juzgados los “despidos masivos” que están comenzando a sufrir como consecuencia de la determinación del INSS de dar altas médicas sin tener en cuenta la persistencia de la afectación multiorgánica que padecen y les impide trabajar, denuncia el Colectivo LongCOVID Castilla y León.
La impugnación de todas las altas ante la Administración será el primer paso para después acudir al Juzgado de lo Social si no se tienen en cuenta las importantes limitaciones de su delicada salud que les impide regresar a sus puestos de trabajo. Ya disponen de asesoría jurídica en Zamora que ajustará sus minutas para que los afectados puedan hacer frente a la postura del INSS. “Vamos a luchar por incapacidades laborales”, para mantener unos ingresos mínimos porque “mucha gente se quedará en el paro y sin recursos”.
La marginalidad a que les condena esta agotadora enfermedad se ve agravada por el trato que aseguran se les está dando desde el INSS, que “está haciendo una auténtica sangría con nosotros, somos una lacra para ellos y para la sociedad”, declaran. Critican con dureza la “falta de empatía” de esa administración desde la que “se nos ha llegado a decir que tenían órdenes de darnos el alta”. Desde el colectivo, declaran que “estamos viviendo un vía crucis con ellos”, mientras subrayan que no se van a rendir, que “se van a impugnar todas las altas que nos den e iremos al juzgado”.
El sentir es generalizado, “nuestro proyecto de vida se ha ido al garete”, sienten que “nos han dejado a nuestra suerte”, ante lo que la única salida que les queda es “luchar en los juzgados porque no nos vamos a quedar sentados. Te dan el alta aunque estás enfermo y ¿qué haces sin dinero para poder vivir?”, se pregunta una de las mujeres que ya ha emprendido la vía judicial, como otras zamoranas. Tras recibir el alta médica, existe un plazo de cuatro días naturales para impugnar la decisión del INSS. En caso de que se rechace esa recurso, se formaliza el alta y es entonces cuando se dispone de 20 días hábiles para presentar una demanda en el Juzgado de lo Social, de acuerdo con la Ley de 2011.
Con sus vidas destrozadas por las numerosas patologías que el virus les ha dejado como herencia, describen su situación actual como “más dramática aún” que cuando fueron diagnosticados hace más de un año, algunos al inicio de la pandemia, porque “seguimos con los mismos síntomas, pero se nos obliga a incorporarnos al trabajo, cuando ni siquiera podemos afrontar nuestra propia vida cotidiana, dependemos de familiares para prácticamente todo”.
La consecuencia casi inmediata cuando se produce esa incorporación forzosa al trabajo, independientemente de lo que digan los informes médicos, es el despido porque “los síncopes, las diarreas, los trastornos neurológicos, los pulmonares, los cardíacos, la pérdida de memoria y de audición, de olfato y de gusto, el cansancio extremo o la fatiga” continúan minando su existencia. El COVID persistente les incapacita para la actividad personal y para la laboral. Sin perspectiva de un tratamiento farmacológico cercano que les devuelva a la normalidad, la desesperación sigue presidiendo su día a día, con muchas jornadas sin poder levantarse de la cama.
Ni unidades específicas ni enfermedad laboral
Las unidades específicas prometidas por la Junta de Castilla y León para tratar la afectación multiorgánica que sufren los pacientes de coronavirus persistente siguen sin crearse por parte de la Consejería de Sanidad. Tan solo se dispone de una en el Centro Hospitalario privado Benito Menni de Valladolid “para casos psiquiátricos, para gente que ha estado en la UCI y para aquellos enfermos que ha sufrido algún trastorno de tipo psiquiátrico” como consecuencia de la infección por coronavirus, explican desde el Colectivo LongCOVID de Castilla y León, que integra a afectados de las nueve provincias, casi 200 de Zamora. Sin embargo, la referencia que tienen es “por lo que hemos leído, nadie nos han dicho nada. La Consejería empatizó con nosotros cuando nos reunimos, se nos dijo que iban a hablar con el INSS” para frenar las altas médicas, pero no parece que haya sido el caso, agregan. Subrayan que “muchos nos hemos contagiado en el trabajo porque no se han cumplido la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, como les ocurrió a muchos sanitarios al principio de la pandemia”. Sin embargo, “no se reconocen esos casos como accidentes laborales o enfermedad laboral”.
