El Pleno del Consejo Consultivo de Castilla y León, formado por el presidente, Agustín S. de Vega, los consejeros electivos, María del Valle Ares y Francisco Ramos, y el consejero nato, Juan Vicente Herrera, ha aprobado hoy la Memoria del pasado año en el que se emitieron 458 dictámenes y se resolvieron 207 recursos en el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales.
La Memoria será presentada por el presidente del Consejo Consultivo en las Cortes de Castilla y León tal y como recoge el artículo 63 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la institución.
El Consejo Consultivo, institución propia que se encarga de velar por la observancia de la Constitución, el Estatuto de Autonomía, el Derecho Europeo y el resto del ordenamiento jurídico, integra dos órganos con dos funciones diferenciadas, la consultiva y la correspondiente a la resolución de los recursos especiales en materia de contratación pública, siendo el único caso en España con esta configuración y tiene su sede en Zamora.
El presidente del Consejo Consultivo explica que el control y la garantía de la legalidad presiden ambas funciones que se desarrollan con independencia, imparcialidad, objetividad y autonomía funcional, conforme a un procedimiento reglado. En este sentido subraya la labor de la institución como garante de la legalidad, buen gobierno y defensa de los derechos e intereses de los ciudadanos.
En cuanto a la función consultiva, de los 458 dictámenes aprobados en 2020, más del 60%, es decir 287, se derivaron de consultas realizadas por administraciones locales, como diputaciones, ayuntamientos, juntas vecinales y otras entidades locales, 168 de la Junta de Castilla y León , de los que más de un centenar corresponde a la Consejería de Sanidad en expedientes de responsabilidad patrimonial sanitaria y 3 de universidades.
Valladolid, con 90 dictámenes, Burgos, con 81, León, con 76, y Salamanca, con 74, son las provincias de las que proceden más consultas. A ellas las siguen Zamora, con 38, Palencia, con 31, Segovia, con 23, Ávila, con 14 y Soria con 8. Además, hay otros 23 expedientes cuyo ámbito territorial abarca varias provincias.
Respecto a las materias dictaminadas, un año más, los asuntos de responsabilidad patrimonial han sido los más numerosos. De los 458 dictámenes, el 76,86%, es decir 352, son de responsabilidad patrimonial; la mayor parte de ellos está relacionado con el funcionamiento de los servicios públicos y con el ámbito sanitario. Los importes solicitados en los expedientes de responsabilidad patrimonial dictaminados superan los 53 millones de euros.
S. de Vega explica que de las comunicaciones oficiales recibidas relativas a dictámenes emitidos el pasado año sobre las resoluciones finalmente adoptadas por las administraciones consultantes, el 96% ha seguido el criterio recogido en el dictamen lo que pone de manifiesto la auctoritas de la institución.
En relación con la actividad del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, en 2020 se presentaron 198 recursos y se dictaron 198 resoluciones que resolvieron 207 recursos. El 63,64% (126) de los recursos presentados ante el Tribunal fueron dirigidos frente a contratos de servicios, seguido de contratos de suministros, que representan el 33,32% (66). El principal acto recurrido en 2020 ha sido el de la adjudicación (44,95 %).
En función del órgano de contratación que dictó el acto objeto de recurso destaca la Gerencia Regional de Salud con 57 actos recurridos que representan el 28,78 % del total. La provincia a la que con más frecuencia afecta la ejecución del contrato recurrido fue Valladolid.
La suma de los valores estimados recogidos en los recursos presentados el año pasado alcanzó 1.430.409.582 euros.
